MINISTERIO DE GOBIERNO
La Toma desistió del planteo judicial por el ‘Tratado de La Toma’
El intendente Walter Contreras se reunió con el ministro Gonzalo Amondarain y comunicó la decisión de renunciar al proceso legal. De las 17 localidades que iniciaron acciones, ya son 14 las que han desistido formalmente.
La localidad de La Toma del departamento Pringles desistió del planteo judicial por el ‘Tratado de La Toma’. Así lo informó este lunes el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, tras haber mantenido un encuentro en Casa de Gobierno con el intendente Walter Contreras, quien manifestó la decisión de renunciar al proceso y adelantó que solo restaba formalizar esa renuncia. “Es una comuna que se suma a todas aquellas que ya han desistido a esta demanda contra la Provincia”, señaló el Ministro.
Amondarain explicó que la medida abre el camino para avanzar en políticas públicas en conjunto entre el Estado provincial y la Municipalidad. “El Gobernador tiene la institucionalidad como pilar de su gestión. Ha demostrado que tiene intenciones de trabajar con toda absolutamente todas las localidades y ciudades, independientemente del color político, en la concreción de obras municipales. Y cuando hay una demanda de por medio, la legislación nos prohíbe poder articular”, expresó.
De las 17 municipalidades y comisionados municipales que inicialmente se sumaron a la acción judicial, ya son 14 los que han desistido formalmente, contando a La Toma. Los tres restantes mantienen la demanda activa, aunque algunas se encuentran en diálogo con el ministerio de Gobierno para avanzar en el mismo sentido.
El ‘Tratado de La Toma’ fue firmado el 24 de septiembre de 2023, tras la derrota electoral del anterior Gobernador. El acuerdo comprometía recursos sobre los que correspondía decidir al Gobierno entrante y no estaban debidamente presupuestados. En 2024, el Gobernador revocó el acuerdo mediante el decreto N°35-MG-2024 para no agravar la situación financiera de San Luis ni trasladar sus consecuencias negativas a las comunas. A partir de entonces, algunas localidades iniciaron amparos y cautelares contra el Ejecutivo provincial, aunque desde 2025 fueron renunciando progresivamente al litigio.
