SANCIÓN DEFINITIVA AL RIPEE
Diputados convirtió en ley el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo
El proyecto contempla beneficios tributarios, subsidios para la generación de empleo, herramientas de financiamiento y el aprovechamiento estratégico de inmuebles fiscales para impulsar inversiones y crear nuevos puestos de trabajo en la provincia.
Este miércoles, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva por mayoría (27 a 11) al proyecto de ley que crea el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa había obtenido media sanción en el Senado provincial el pasado 28 de julio y con la aprobación de Diputados completó su tratamiento en la Legislatura.
El nuevo régimen establece un marco integral de promoción económica destinado a fomentar la inversión y la generación de empleo en todo el territorio provincial. Para ello, articula herramientas fiscales, laborales, financieras y de gestión de inmuebles fiscales orientadas a acompañar el desarrollo de proyectos productivos y de servicios.
La propuesta surgió a partir del trabajo desarrollado en las mesas sectoriales, espacios de articulación entre el Estado y los distintos sectores productivos en los que se identificaron necesidades y condiciones para promover y facilitar la inversión privada en San Luis.
Durante el tratamiento del proyecto, la miembro informante, la diputada Eugenia Gallardo, destacó que una nueva inversión “activa un círculo virtuoso que impulsa el consumo, promueve el desarrollo de proveedores locales y fundamentalmente crea oportunidades de trabajo”. En ese sentido, indicó que es necesario que el Estado impulse políticas activas como el RIPEE que faciliten, atraigan y promuevan la radicación, expansión y consolidación de inversiones privadas.
El RIPEE alcanza a actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios, además de otras actividades económica desarrollada o a desarrollarse en la provincia.
Gallardo destacó también la incorporación del sector comercial, que no había sido contemplado en regímenes de promoción anteriores. Además, señaló el amplio alcance de los potenciales beneficiarios, ya que podrán acogerse al régimen personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro.
Los principales ejes del RIPEE
La ley reúne en una sola herramienta distintos instrumentos de promoción económica y se estructura sobre cuatro ejes principales: beneficios tributarios, subsidio al empleo, gestión y disposición de inmuebles fiscales y financiamiento de proyectos privados.
En materia tributaria, contempla exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas durante un período de hasta 15 años para nuevas inversiones. También incorpora créditos fiscales para empresas que inviertan, la exención de Ingresos Brutos para la actividad industrial y distintas herramientas de alivio y regularización fiscal.
Sobre estos instrumentos, Gallardo explicó que el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones está pensado “para quienes inician un negocio de cero o para quienes buscan ampliar o consolidar una actividad existente” y destacó que alcanza a cualquier rubro o actividad económica.
La legisladora también resaltó el efecto que los incentivos fiscales pueden tener sobre la actividad de las empresas, como el crédito fiscal, que “es una inyección de liquidez directa porque el inversor en lugar de destinar sus fondos a pagar impuestos lo destina a invertir y generar empleo”.
Otro de los ejes centrales es el subsidio destinado a empleadores que incorporen a su planta de personal a personas comprendidas en el Plan de Inclusión. El aporte económico será equivalente al aporte social que percibía el beneficiario al momento de su contratación y tendrá carácter decreciente durante un período de dos años. La incorporación deberá representar un aumento neto de la planta laboral y no podrá utilizarse para reemplazar trabajadores existentes.
El diputado Nicolás González Ferro indicó que se trata de “un mecanismo de inserción laboral innovador” mediante el cual el Estado provincial acompaña al sector privado y ayuda a dar el salto “de los programas sociales hacia un empleo registrado, formal y sostenible”.
El RIPEE también faculta al Poder Ejecutivo a destinar bienes inmuebles del dominio privado del Estado a la promoción de inversiones y actividades económicas que generen empleo. Los fondos obtenidos deberán destinarse a infraestructura productiva o social, fondos de garantía y programas de financiamiento para actividades económicas del sector privado y no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes del Estado.
En materia de financiamiento, contempla líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia, subsidios para capacitación de personal y herramientas destinadas a facilitar la reconversión de empresas. Además, permite crear o integrar fondos de garantía, fideicomisos, fondos de respaldo crediticio y otros instrumentos financieros de carácter público, privado o mixto.
González Ferro también destacó la institucionalización de las mesas sectoriales, ya que estos espacios “permiten acercarse a la mirada directa de quienes trabajan y de quienes producen”, lo que se traduce en “un salto de calidad en los procesos de articulación para la provincia”.
Gallardo expresó que de esta manera también se genera “una garantía del diálogo público-privado” y que las mesas sectoriales quedarán constituidas “como espacios permanentes de planificación estratégica con cámaras empresarias, universidades y el sector científico y tecnológico de la provincia”.
La diputada destacó además que el RIPEE busca dar previsibilidad y seguridad jurídica a los inversores mediante la unificación de normativas que anteriormente se encontraban dispersas, al mismo tiempo que garantiza la continuidad de los beneficios otorgados con anterioridad y los derechos adquiridos.
La iniciativa incorpora además medidas de simplificación y modernización de la administración pública para mejorar la eficiencia y agilizar la puesta en marcha de las inversiones y declara la promoción del desarrollo económico y del empleo como política de Estado de la provincia.
“Cuando una empresa decide invertir, arriesgar y enterrar capital en el suelo de San Luis, está aportando de forma directa a ampliar nuestra capacidad productiva, generar empleo formal y dinamizar el consumo local. Por ello destacamos el programa de incentivos fiscales a la inversión, por tratarse de una política previsible y estable que fomenta la radicación, expansión y consolidación de proyectos productivos en todo nuestro mapa provincial”, concluyó González Ferro.
