La gestión actual recuperó un campo de 1.997 hectáreas, vecino al Pueblo Ranquel, que se había vendido en 2009 y por el que el comprador apenas pagó cinco de las 48 cuotas pactadas. Desde 2022 estaba en condiciones de volver a la Provincia, sin embargo la administración de Rodríguez Saá nunca hizo nada para concretarlo. […]
Se trata de una extensión de 1.997 hectáreas que le compró un particular en 2009, pero sólo pagó cinco de las 48 cuotas pactadas. En 2017 comenzaron las acciones legales para recuperar el campo y en 2022 se rechazaron las últimas apelaciones, pero nunca se concretó en los hechos durante la gestión anterior.
La Dirección de Defensa del Consumidor brindará una charla a alumnos de 5° y 6° año del nivel secundario de la Escuela ‘Mariano Moreno’. La actividad se realiza en conjunto con la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla adelantó detalles de la ley de inminente aprobación en la Legislatura provincial. Tendrá carácter retroactivo y los delitos no prescriben para que “empecemos a recuperar los bienes que se llevó la corrupción”.
La Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión lleva adelante el proceso de armado de los lotes se encuentra en marcha, con la participación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos para la clasificación y fijación de precios.
Es una herramienta jurídica que permitirá recuperar bienes que se llevó la corrupción. La norma, que recibió aportes de colegios profesionales, legisladores y especialistas en Derecho, será retroactiva y marca la imprescriptibilidad de este tipo de hechos. También asegura el derecho de defensa de los acusados.
El Gobernador recordó que había empleados públicos que no trabajaban nunca, patrulleros y ambulancias destrozadas y escuelas y hospitales inhabitables. “Eso inevitablemente es caldo de cultivo para la corrupción”, aseguró, para repasar hechos emblemáticos como el subsidio que se auto asignó Deportes y el robo al Pueblo Ranquel.
El organismo reúne a los órganos estatales equivalentes existentes en el ámbito del territorio nacional, tiene como objetivo la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la ética pública en las jurisdicciones que representa. Busca además enriquecer los programas de transparencia.
El presidente de la entidad, el Secretario de Ética Pública y Control de Gestión del Gobierno y el autor del anteproyecto mantuvieron una reunión para intercambiar ideas.
El anteproyecto de ley para recuperar los bienes de la corrupción sumó adhesiones entre los concejales de Justo Daract: “Creemos que es una herramienta de la nueva política que se viene para analizar los hechos de corrupción más a fondo y esclarecer las maniobras que hubo”, afirmó la edil Dalma Guinda.
Así lo estableció Gabriel Alessandro, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, entidad que participó activamente de la ronda de consultas sobre el anteproyecto de la Ley de Extinción de Dominio.
Así lo manifestó el expresidente de la Sociedad Rural y del Colegio de Abogados de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson, en la ronda de consultas a profesionales e instituciones de la sociedad civil. En el encuentro buscaron consensuar un texto final para el anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio.
Este Colegio aportará conocimientos en materia contable e impositiva a la redacción del texto final de esta herramienta que permitirá llevar adelante procesos judiciales contra quienes sean denunciados por la comisión de delitos de corrupción y actos graves contra la administración pública.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, informó que ha concluido la investigación administrativa que permitirá llevarlo a la Justicia por la probable comisión de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, además de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Está dirigida a responsables de distintas reparticiones provinciales que tienen sede en esa ciudad. Los próximos encuentros serán el 26 de febrero y el 7 de marzo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, confirmó que iniciaron las averiguaciones para saber dónde están. La mayor proporción de rodados faltantes son de los ministerios de Seguridad y Salud. No descarta que la pesquisa derive en denuncias en la Justicia.
Luego de conocer los datos que arrojó el censo automotor, que marcan que más de la mitad de la flota de la Provincia está inutilizada y que faltan vehículos, el gobernador Claudio Poggi recorrió la Planta Verificadora Nº1, donde están abandonados gran parte de esos rodados.
La recorrida es por la Planta Verificadora N°1 y participan el gobernador Claudio Poggi y Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión.
Así lo reflejan los datos obtenidos del Censo Automotor que se realizó a fin de determinar la cantidad de vehículos oficiales. Este miércoles, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, le informó al Gobernador los detalles del operativo que concluyó el pasado 31 de enero. Los resultados reflejan la desidia y el abandono de la gestión anterior: el 51,4% del parque automotor está fuera de servicio.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, firmó un convenio con la presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis, María Elena Lucero de Tamayo, para la realización del Remate Automotor 2024.
Durante tres días, el organismo que conduce Ricardo Bazla va a capacitar a asesores legales y personal de Recursos Humanos sobre el tratamiento correcto del inicio de Sumarios Administrativos.
Es una herramienta que brinda una respuesta eficaz a la demanda de la sociedad de recuperar el patrimonio mal habido en la función pública. Prevé castigos severos que incluyen la prisión efectiva.
“Es un colectivo modelo 2018, con más de 800 mil kilómetros recorridos, con las gomas peladas y en muy mal estado”, afirmó el Gobernador, quien instruyó a la Fiscalía de Estado para que iniciara una denuncia penal contra la exfuncionaria porque habría pagado casi $100 millones por encima del valor de mercado.
