Presentó un proyecto de ley para modificar los criterios de prisión preventiva y además prevé cambios en algunos artículos y la supresión de otros para llegar más rápido a la condena de delitos cometidos en flagrancia, plazos más largo de prisión preventiva para delitos complejos y, en general, darle agilidad a todo el proceso judicial.
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, realizó un pormenorizado análisis del proyecto de derogación de la ley de parajes, argumentando que esta legislación permite a los condenados cumplir sus penas de manera impune, al margen del control de la justicia.
La exsecretaria de Deportes está imputada por negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública. Solo puede viajar por motivos de salud o trabajo y con autorización, sin embargo la reunión a la que iba del Consejo Federal de Fútbol había sido suspendida el día anterior a su partida.
El Gobernador firmó un decreto que exime a más de 600 emprendedores locales de tener que afrontar sanciones económicas de hasta $100.000 por infracciones menores durante la etapa más intensa del Coronavirus.
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, radicó la denuncia y presentó la documentación para que la Justicia investigue. Freixes, un funcionario que desempeñó varios cargos en la gestión anterior, se había nombrado ‘lonko’ del Pueblo Ranquel junto a Alberto Rodríguez Saá (hijo) y Sofía Aguilera, a fin de poder dirigir un entramado delictivo en la […]
El exministro de la Legalidad (ya condenado en otra causa) está acusado de manejar a su antojo el dinero que la Provincia le giraba a la Municipalidad del Pueblo Ranquel. Armó una sociedad que puso a nombre de su esposa y sus hijos, además de adueñarse de las cuentas de la comunidad originaria y explotar […]
La titular de la secretaría de Comunicación hasta el 9 de diciembre pasado habría incurrido en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y peculado. Habría favorecido a su expareja con contrataciones directas millonarias.
Es por la contratación desmedida e incumpliendo la Ley de Presupuesto de más de 800 agentes para el sistema de Salud. Algunos ingresaron justo antes de las elecciones de junio y la mayoría (678), una vez consumada la derrota de la gestión anterior, con una clara intención de desestabilizar al gobierno entrante.
Reunió más pruebas en la causa que conecta a la secretaría de Deportes y el San Luis Fútbol Club, ambos entes presididos por ella, por la transferencia irregular de fondos. Se sumaron testimonios de empleados del Ente de Deportes y documentación de la compra con sobreprecio de un ómnibus para 60 pasajeros.
Es por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Hay fuertes sospechas que direccionó licitaciones del ministerio de Seguridad a una empresa ‘fantasma’ de un familiar, creada sólo para estafar al Estado.
Fiscalía de Estado de la provincia de San Luis presentó una demanda judicial contra el exministro de Hacienda Pública de la gestión anterior, Eloy Horcajo, por delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la medida presentada en los tribunales provinciales, se denuncia al exfuncionario por violación a la Ley de Presupuesto (Ley-VIII-0253-2022) […]
Víctor Endeiza hizo un balance sobre las denuncias presentadas por el Gobierno contra integrantes de la gestión anterior, revelando un preocupante panorama de irregularidades en diversas dependencias estatales.
Con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho, el abogado realizó su juramento durante una ceremonia que encabezó el primer mandatario provincial, Claudio Poggi, en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.
Hoy a las 20, en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, el gobernador Claudio Poggi le tomará juramento a Víctor Endeiza, quien asumirá como Fiscal de Estado de la provincia de San Luis.
El primer mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá, le tomó juramento al abogado con más de 20 años de experiencia en la Fiscalía de Estado. En la misma ocasión, también asumió Melina Maluf Martínez como fiscal de Estado Adjutor.
El fiscal de Estado comunicó que el juez Federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, le concedió a la Provincia el recurso de apelación contra la suspensión de la implementación del Plan de Reactivación Provincial, y se manifestó confiado que la Cámara Nacional Electoral revoque esta medida cautelar. La polémica resolución que obstaculizó la batería de medidas sociales y económicas fue dictada por el juez Maqueda a instancias de un dictamen del fiscal federal Cristian Rachid y por una presentación del sector político encabezado por Claudio Poggi.
Eduardo Allende precisó que San Luis comprometió por decreto su respaldo al reclamo de la provincia vecina para que el río Desaguadero recupere su caudal, actualmente reducido por el uso discrecional de Mendoza y San Juan. Silvia Sosa Araujo indicó, que se brindará apoyo para la puesta en funcionamiento del futuro hospital y del laboratorio de medicamentos pampeanos; como contraprestación, San Luis recibirá asesoramiento para desarrollar una fábrica de oxígeno. Alberto Rodríguez Saá y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, también firmaron convenios para realizar acciones conjuntas en materia de tecnología y turismo.
A causa de una irregularidad producida este martes en el vuelo proveniente de la ciudad de Buenos Aires, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, le envió una carta al presidente de la entidad, Luis Pablo Ceriani, solicitando que la compañía cumpla con los pedidos de la Provincia de controlar que los pasajeros porten la autorización del Comité de Crisis puntano y un PCR negativo.
En declaraciones televisivas, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, explicó, que ingresan a territorio puntano más de 1.000 camiones por día, cumpliendo las medidas establecidas por el Comité de Crisis. Sin embargo, este flujo se vio interrumpido por los cortes realizados por “20 o 30 personas que cortan la ruta”.
El fiscal de Estado de San Luis alertó que el corte total que productores autoconvocados mantienen por tercer día en los accesos a la provincia ya genera problemas de abastecimiento, que se agravarán con el paso de las horas. “Hay un armado de un raid delictivo de todas estas personas que podría configurar el delito tan grave, de la asociación ilícita”, según señaló.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá, se refirió a la decisión del juez Esteban Maqueda, quien hizo lugar a la acción declarativa de certeza que interpuso el Gobierno provincial para que se respeten las medidas sanitarias y protocolos de ingreso, egreso y circulación en la provincia.
El Juzgado Correccional Nº 2 deberá resolver este pedido vinculado con la denuncia que radicó la profesional agredida Giuliana Gatica contra Jorge Sturino, odontólogo del Servicio Penitenciario provincial que se negó a internarse cuando le advirtieron que tenía síntomas compatibles con coronavirus.
El Juzgado de Niñez y Adolescencia no hizo lugar al pedido de los padres al entender que chica que se encuentra alojada en las residencias de la Universidad de La Punta cumpliendo cuarentena tras regresar del exterior, tiene garantizados todos sus derechos constitucionales y de los tratados internacionales.
El máximo organismo judicial del país le había ordenado a la Nación no afectar los fondos coparticipables de las provincias. Ante una maniobra dilatoria del Gobierno nacional, le volvió a ordenar que restituya los dineros provinciales.
El fiscal de Estado, Eduardo Allende, celebró la celeridad con la que el máximo tribunal del país resolvió un planteo de 15 provincias y señaló que esta medida evitará que San Luis pierda casi mil millones de pesos desde la fecha hasta fin de año.
La ministra de Hacienda de la Provincia, se refirió este lunes al reclamo que históricamente hizo San Luis al Gobierno nacional por los fondos coparticipables retenidos ilegalmente por el Estado federal, y por los cuales pesa una sentencia de la Corte Suprema. También opinó sobre la demanda puntana ante el máximo tribunal judicial de la Argentina para que embargue fondos a Nación, al concluir el plazo para llegar a un acuerdo entre las partes.
El fiscal de Estado, Eduardo Allende, confirmó este miércoles que cada miembro del máximo tribunal recibió copias de la presentación realizada el martes por San Luis mediante la cual pidió embargar las cuentas del Gobierno nacional para cobrarse la deuda que mantiene con la Provincia.
La exigencia puntana radica en el vencimiento de los plazos para que el Gobierno nacional hiciera una propuesta de pago sobre los $20.500 millones que le adeuda a la Provincia por el juicio por fondos coparticipables descontados de manera ilegal.
Lo formalizaron este lunes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los 13 fiscales de Estado que cuestionan la decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional de aplicar modificaciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las ganancias y congelamiento de combustibles. Reclaman una compensación o que se vuelva atrás con estas medidas.
Tras una reunión en la Secretaría de Provincias, la ministra de Hacienda de San Luis, Natalia Zabala Chacur, rechazó la oferta federal. Pretendían pagar con un bono con 3 años de gracia, intransferible, que está fuera del mercado. “Es un bono que no es atractivo en el mercado y no compensa el daño económico ni patrimonial que sufrió San Luis por años”, expresó la funcionaria. El plazo para que Nación pague vencerá en los primeros días de septiembre. La deuda supera a más de 17 mil millones de pesos.
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, mantuvo una reunión con el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, en la que acordaron que el pago se cerrará en septiembre.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá y el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, concluyeron hace minutos una reunión para acordar criterios relacionados al pago de la histórica deuda que el Gobierno nacional posee con San Luis por fondos coparticipables descontados ilegalmente a la Provincia durante más de 12 años y sobre la cual pesa un fallo de la Corte Suprema de Justicia que favorece a los sanluiseños y que asciende a los $17.000 millones.
A causa de la usurpación en terrenos de la comunidad huarpe y tras no acatar tres intimaciones, el juez de Civil 4, Agustín Ruta, ordenó el desalojo en cercanías al paraje norteño.
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, instó a intendentes, legisladores y concejales actuales, y a aquéllos que resulten electos en esos cargos, a esforzarse de manera mancomunada para que la Provincia pueda percibir los fondos que el Estado nacional le adeuda hace años, y por los que la Corte Suprema falló a favor de los sanluiseños.
Así lo afirmó el fiscal de Estado de la Provincia, Eduardo Allende, tras notificarse sobre la medida que tomó el máximo tribunal argentino, que intimó al Gobierno nacional a pagarle $15 mil millones a San Luis.
Los principales medios periodísticos nacionales y regionales se hicieron eco rápidamente una vez conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intima al gobierno nacional a cumplir el fallo de 2015 por el que se lo obliga a pagarle a la Provincia $15 mil millones por deudas de coparticipación federal.
El amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, y tiene como argumentos básicos los términos previstos al artículo 43 de la Constitución Nacional. Argumentaron como “inconstitucional e inaplicable” el aumento en la tarifa del gas. La demanda pretende proteger de las subas de tarifas a todo el universo de clientes y usuarios o beneficiarios, e instituciones públicas provinciales y a los consumidores más vulnerables.
El organismo estatal ya envió las actuaciones a Fiscalía de Estado. Buscaban vender un inmueble social, sin cancelar, en U$S 65.000. Funcionarios de Vivienda contactaron al vendedor, simularon tener interés en la casa y luego comprobaron la maniobra.
Defensa del Consumidor y Fiscalía de Estado preparan una presentación ante el Juzgado Federal de San Luis para reclamar contra el fuerte incremento del gas dispuesto por el Gobierno nacional.
Se abastece del troncal I del acueducto Nogolí, el cual suministra agua cruda a los vecinos. Además, el Gobierno provincial ha dispuesto una planta potabilizadora para uso de los residentes en este paraje provincial.
San Luis Energía SAPEM no aplicará, por el momento, el 500% de aumento en las tarifas de gas fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sus usuarios de la categoría pymes, comercios e industria, hasta ver qué resuelve la Nación en octubre. Además, el Tribunal estableció que las facturas de gas para residenciales se emitan con la tarifa del 31 de marzo de este año, es decir que se elimina el 70% que la Justicia Federal dispuso para los usuarios de San Luis. Aquellos que hayan pagado dicho aumento recibirán su dinero en notas de créditos a través de las próximas facturas.
Fue este lunes a través de un documento firmado en la Casa de Gobierno, donde reclamaron el reintegro de los fondos retenidos inconstitucionalmente por el Gobierno nacional, al mismo tiempo que solicitaron que se deje de discriminar a la Provincia de San Luis. “Estamos litigando ante el máximo tribunal del Estado nacional; seguiremos adelante para que nos reconozcan los $32.300 millones que nos debe la Nación”, anunció el fiscal de Estado, Eduardo Allende.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, su par de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el de Transporte, Guillermo Dietrich, ratificaron la posición del Gobierno nacional sobre el aumento de las tarifas de los servicios públicos, mientras que el Gobierno de San Luis mantuvo su firme posición y se ciñó al fallo de la Justicia Federal que dice, entre otras cosas, que “el aumento de las tarifas es arbitrario, ilegítimo y exorbitante”.
Así lo anunciaron el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, este miércoles en una conferencia de prensa realizada en Terrazas del Portezuelo. En la ocasión informaron que el dictamen del Juzgado establece que los usuarios del servicio no deberán pagar más del 70% de aumento con respecto a la boleta del mes anterior, mientras que los que ya hayan abonado la factura, deberán reclamar la diferencia entre el monto resultante del 70% de incremento y el total erogado.
El Gobierno de San Luis pidió la suspensión inmediata del aumento del gas natural para todos los usuarios, lo hizo a través de Fiscalía de Estado y Defensa del Consumidor, realizando una presentación en la justicia federal solicitando que se suspenda la aplicación de las resoluciones que establecen el incremento del gas que, en algunos casos, llega al 2.000%. Varias entidades intermedias habían solicitado la intervención del Ejecutivo provincial en relación a los aumentos.
El fiscal de Estado Eduardo Allende aseguró que el Gobierno de San Luis creó un precedente y tuvo la decisión política para que actualmente el resto de las provincias argentinas puedan reclamar. De este modo, se le impuso a la Nación el reintegro del 3% por año para llegar, al cabo de 5 años, a completar el 15% que se les descuenta de la coparticipación.
El banco acató la intimación del Gobierno. En los días de pago, la entidad deducía de las cuentas sueldo las cuotas de préstamos y tarjetas de crédito.
