SOLICITUD DE JURY
“Como Fiscalía tenemos la obligación de defender los intereses del Estado”
Este miércoles, en declaraciones a un medio de Córdoba, la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, se refirió a la denuncia contra la jueza Civil Cynthia Fernández Paz por mal desempeño y desconocimiento del derecho.
Luego de que este martes la Fiscal de Estado de San Luis, María Fabiana Zárate, presentara formalmente en los tribunales locales un pedido de apertura de enjuiciamiento y posterior destitución contra la jueza civil Cynthia Fernández Paz, por mal desempeño y desconocimiento graves del derecho, la funcionaria del Ejecutivo se refirió este miércoles al caso en el programa ‘Siempre Juntos’, del medio de comunicación cordobés Cadena 3.
En el segmento ‘La mesa de café’, el periodista Miguel Clariá hizo una breve introducción del origen del litigio iniciado en 2023 contra el Estado de parte de un grupo ambientalista que se oponía a un proyecto urbanístico en el predio del Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay.
“Como usted bien dijo, se trataba de un proceso colectivo ambiental que tuvo su resultado en base a una cautelar que se dictó en ese proceso, por el cual se suspendió o se detuvo el avance de la obra que se iba a hacer, para proteger el bosque nativo y el ambiente. Hoy lo que nos ocurre es que desde la Fiscalía hemos tenido que hacer esta denuncia por instrucción del Ejecutivo en razón de que la jueza (Fernández Paz), en el marco de este proceso, del que no cuestionamos la acción colectiva ambiental ni su resultado, sino que es una causa de monto indeterminado en la que la jueza resolvió, en forma totalmente arbitraria, disponer que el monto iba a ser el doble del valor de la obra que se iba a realizar ahí y que nunca se inició. Eran $1.800 millones, por lo tanto, el doble de la obra era $3.600 millones”, explicó Zárate.
“Antojadizamente (la magistrada) determinó ese monto del proceso y lo transformó en IUS (unidad de medida arancelaria que regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores, así como las tasas judiciales), 93.000 IUS, que hoy son casi 4.000 millones de pesos. Sobre eso reguló a los abogados, que no tenían tarea completa, sino que habían renunciado cuando el juicio todavía estaba en trámite, y reguló casi 1.200 millones de pesos, más de 1.000 millones a los abogados intervinientes por la acción. ¿Por qué planteamos esta denuncia al juzgamiento? Porque claramente se ha apartado el derecho vigente, tanto al estimar el monto del proceso en un juicio que no tenía monto como al regular los montos”, en concepto de honorarios.
Zárate puntualizó que el proceso judicial “lo único que perseguía era la protección del ambiente, proteger el bosque nativo de la zona del Vulpiani, pero luego se debía regular el monto protegiendo o reconociendo la tarea de los abogados, que no cuestionamos, pero aplicando la Ley de Honorarios y nuestro Código de Procedimiento, no estableciendo un monto del proceso, que no tiene nada que ver con lo discutido porque la obra no se había realizado y no era parámetro el monto total de la obra para regular y establecer el monto del proceso”.
La Fiscal de Estado no solo remarcó la dimensión del perjuicio que la medida de Fernández Paz, que se desempeña en el fuero Civil, Comercial y Ambiental N°5 de la Primera Circunscripción Judicial, podría ocasionarle a la Provincia, sino también el retroceso que significaría para la actual gestión, que asumió con un déficit en las cuentas provinciales.
“Como usted sabe, se ha hecho desde la gestión un gran esfuerzo por sanear las finanzas, y verdaderamente, para que nosotros dimensionemos de lo que estamos hablando, es (el monto de honorarios establecidos por la jueza) un mes de recaudación provincial del Impuesto Inmobiliario, o de la construcción de 18 viviendas sociales, o la adquisición de, si mal no recuerdo, la compra de 60 ambulancias. Entonces no es menor el perjuicio que se le podría ocasionar al Estado, si el Estado no se defiende del modo que lo está haciendo. Nosotros como fiscalía tenemos esa obligación de defender los intereses del Estado, que no es ni más ni menos que la defensa de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos: la salud, la educación, la seguridad”, agregó Zárate, y se preguntó cómo encararía esas obligaciones el Ejecutivo ante tremendo perjuicio: “Sería un precedente gravísimo para situaciones posteriores atento a que estos profesionales han renunciado y hay más profesionales en la causa, más abogados, más peritos, con lo cual el punto potencial muy superior”.
