ANTE EL JURY DE ENJUICIAMIENTO
Fiscalía de Estado denunció a la jueza Fernández Paz por mal desempeño y desconocimiento grave del derecho
El gobernador, Claudio Poggi instruyó a la fiscal de Estado, Fabiana Zárate, a realizar la denuncia en la que se solicita la destitución y suspensión preventiva de la magistrada tras detectar una regulación de honorarios de mil millones de pesos que lesiona gravemente el patrimonio provincial, en un juicio de monto indeterminado, desconociendo el derecho vigente.
La Fiscal de Estado de la provincia, María Fabiana Zárate, formalizó este martes 23 de junio una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Ambiental N°5 de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. Cynthia Fernández Paz.
La presentación fundamenta el pedido de apertura de enjuiciamiento y posterior destitución bajo las causales de desconocimiento inexcusable y grave del derecho, incumplimiento de los deberes de su cargo y graves irregularidades en el procedimiento que desprestigian al Poder Judicial.
Al respecto, el Gobernador se expresó a través de su cuenta de X y sostuvo: “La citada magistrada, quien ejerce el cargo desde febrero de 2022, es la protagonista de una regulación estrafalaria, desmedida y grotesca de HONORARIOS contra el Estado Provincial por una suma superior a los $1.000 millones por el daño ambiental que podría haber producido una obra pública, obra que nunca se realizó y que por lo tanto no produjo ningún daño ambiental, en la zona conocida como Parque Acueducto Vulpiani (Juana Koslay)”.
“Cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, asaltando los fondos públicos con acciones que ponen en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes y la normal prestación de los servicios del Estado, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del estado de derecho”, destaca Poggi.
Finalmente, expresa: “La Jueza Fernández Paz ha deshonrado con su conducta el cargo para el cual ha sido nombrada y el jurado de enjuiciamiento, dentro del estado de derecho y la Constitución, pero con la máxima celeridad posible, debe tomar medidas sobre este accionar”.
Qué dice la denuncia
La denuncia se origina en el marco de la causa ‘Asamblea Ciudadana por el Vulpiani c/ Gobierno de la Provincia de San Luis s/ Acción Preventiva de Daño Ambiental’, un proceso colectivo de naturaleza ambiental en el que la jueza decidió regular a los dos abogados intervinientes un total de $1.198.961.208,00 en concepto de honorarios.
Según la denuncia, el 2 de marzo de 2026 la magistrada dictó una resolución interlocutoria donde transformó arbitrariamente un proceso de monto indeterminado en uno determinable, asignándole un valor económico de 93.000 JUS (el equivalente a casi cuatro mil millones de pesos, $ 4.000.000.000) considerando que el monto es el doble del valor de la obra pública no realizada.
Sobre esta base, la jueza reguló –a marzo de este año- honorarios profesionales por un total del 30%, lo que representa una carga para el erario público de $1.198.961.208,00.
La Fiscalía de Estado sostiene que este actuar infringe el Artículo 210 de la Constitución Provincial, que obliga a fundar las sentencias en el derecho vigente, y advierte que la magistrada ignoró deliberadamente los topes legales establecidos en el Artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y las pautas de la Ley de Honorarios local.
“Estamos frente a una decisión que reemplaza el imperio de la ley por la voluntad arbitraria de la jueza, generando un perjuicio social de dimensiones sistémicas. La magnitud de la regulación equivale a recursos críticos que el Estado dejaría de volcar a la comunidad, representando, por ejemplo, el costo de 39 patrulleros, 18 viviendas familiares, 1.651 chalecos antibalas de uso para las fuerzas de seguridad, 2.173 sillas de ruedas, 809 camas ortopédicas, o 69 respiradores artificiales, o 10 ambulancias que la sociedad sanluiseña dejaría de recibir”, expresan los fundamentos de la presentación.
La Fiscal de Estado indicó que “todo el esfuerzo que el Gobernador ha realizado para sanear las finanzas públicas y brindarle a la sociedad mejor calidad de vida, termina siendo arruinado por conductas irrazonables por parte de quienes deben administrar justicia, más si se tiene presente que lo regulado en concepto de honorarios es equivalente a un mes de recaudación provincial de impuesto inmobiliario”.
Concluyó afirmando que “estamos convencidos que el trabajo de los profesionales debe ser recompensado, pero siempre dentro de los márgenes de la ley y bajo criterios objetivos y razonables, que es lo que no ha ocurrido aquí”.
El escrito resalta la gravedad institucional del hecho, señalando que la conducta de la magistrada no constituye un error aislado, sino un apartamiento del orden jurídico que compromete la seguridad de los ciudadanos, por su desconocimiento del derecho.
Por tal motivo, se ha solicitado formalmente al Jurado de Enjuiciamiento que, al momento de declarar la admisibilidad de la causa, ordene la suspensión preventiva de la Dra. Fernández Paz en sus funciones, con la correspondiente retención de haberes, para garantizar la transparencia del proceso de remoción. Tras la recepción de la denuncia, el Jurado de Enjuiciamiento deberá proceder a la ratificación de la misma por parte de la denunciante. Posteriormente, se iniciará el análisis de admisibilidad formal para determinar la formación de causa, hito procesal que habilita el tratamiento del pedido de suspensión preventiva solicitado por el Estado Provincial.
