Provincia fundida: el resultado del manejo irresponsable de los fondos públicos

El déficit fiscal en San Luis comenzó en 2019 y se acrecentó exponencialmente con el paso del tiempo. La profunda crisis financiera llevó al actual Gobierno a pensar en solicitar un empréstito para poder pagar los sueldos. La situación exige actuar con responsabilidad fiscal y ordenar las cuentas para sanear las finanzas del Estado.

Las cifras son claras y reflejan el déficit fiscal que hereda el gobierno de Claudio Poggi de la administración anterior: son nada menos que $125.120 millones. Los informes que el gobernador presentó a los sanluiseños son contundentes: en el año 2023 la provincia tuvo ingresos por $456.641 millones, sus gastos ascendieron a $581.761 millones. La administración saliente gastó un 27% más de lo que le ingresó.

La proyección a 2024 es preocupante. El gobierno saliente fundió a la Provincia, la hundió en un abismo histórico que rompió el tejido social y económico de los sanluiseños. Ahora, se trabaja a contrarreloj en el análisis de las finanzas y se debieron tomar decisiones difíciles, pero inevitables.

El problema radica en la cantidad y el nivel de gastos comprometidos para los próximos meses, sin contar con los recursos para hacerlo. Alberto Rodríguez Saá, antes de dejar las llaves de Terrazas del Portezuelo y minar de funcionarios escondidos áreas claves de la administración, se ocupó de comprometer los recursos mucho más allá de su mandato.

De mantenerse el mismo nivel y volumen de gastos que tuvo la provincia durante 2023, el año 2024 finalizará con $309.000 millones de déficit. Insostenible.

Por eso, el Gobierno actual realiza un enorme esfuerzo para ordenar las cuentas del Estado, eliminando todo tipo de gasto superfluo y mediante una exhaustiva revisión de las contrataciones de servicios y obras públicas. La nueva gestión busca y trabaja fuertemente en la eliminación de todos y cada uno de los nichos de corrupción, que no paran de aparecer ante cualquier puerta o archivo que se abre.