La Secretaría de Vivienda pidió que se inicien acciones legales a una persona que intentó vender una vivienda social 

La interventora de la Secretaría de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, elevó a Fiscalía de Estado actuaciones a fin de que se inicien las acciones civiles o penales que correspondan, frente al intento de venta de una vivienda social no cancelada en la villa turística.

Días atrás, la Secretaría de Vivienda recibió una denuncia referida a que se estaba publicitando la venta de una vivienda social no cancelada en Merlo.

Inmediatamente la titular del organismo, Angela Gutiérrez de Gatto, solicitó que se investigara el hecho, comprobándose que efectivamente, se publicitaba en redes sociales la venta de esta vivienda adjudicada en 2013 en la villa turística.

Funcionarios de la Secretaría se contactaron al número de celular publicado, manifestando ser particulares interesados en la compra de la casa y coordinando una reunión con el vendedor en la que se constató que la vivienda había sido dada en venta a un corredor inmobiliario y que mantenía deuda pero que, con el dinero de la venta, la misma se cancelaría en seis meses.

Recabada toda la información, los funcionarios se identificaron como tales ante el vendedor y le solicitaron el cese de las publicaciones de venta y de toda acción tendiente a ese fin para posteriormente labrar un acta con lo sucedido.

Ante la gravedad de los hechos, Gatto realizó una doble acción, por un lado, dio inicio a las investigaciones administrativas tendiente a la desadjudicación, y por otro, la denuncia ante Fiscalía de Estado del Gobierno de la provincia a fin de que se inicien las acciones correspondientes contra el adjudicatario de la vivienda y el/los intermediarios que ofrecían la venta del inmueble.

Cabe recordar que la nueva Ley Integral de Viviendas , sancionada el año pasado, en su artículo 8 dispone que “toda persona humana o jurídica que intervenga, facilite, propicie o realice una venta, transferencia, cesión, alquiler, permuta o préstamo, de una vivienda adjudicada, será pasible de  sanciones administrativas, así como de las acciones civiles y/o penales que pudieren corresponder, estableciendo asimismo que las operaciones descriptas carecerán de validez y serán inoponibles al Estado ”.