Participaron miembros de los colegios de escribanos, abogados, contadores y agrimensores. Se trabaja en la elaboración de un protocolo que permitirá habilitar las actividades de las profesiones liberales. El documento especificará las pautas para un desempeño que se encuadre en las normativas de seguridad que demanda la pandemia por el COVID-19.

Así lo adelantó el ministro de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Fabián Filomena, quien durante este lunes se reunió con las autoridades de los colegios que nuclean a los profesionales antes mencionados. Lo acompañaron en el encuentro, la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz, el fiscal de Estado, Eduardo Allende y el secretario de Legal y Técnica, Sebastián Esteves.

“En la oportunidad evacuamos todas las dudas sobre el posible funcionamiento y la vuelta al trabajo de estos sectores -explicó-. Asimismo destacaron el apoyo para con el Comité, señalando que se trabaja en el camino correcto y además entendieron que la mejor manera de regular es yendo de a poco, entablando los mecanismos apropiados para tal fin. En ese sentido ya estamos elaborando un protocolo que esperamos tener listo mañana”, informó Filomena.

Entre otros puntos, el documento contará con especificaciones como “el horario de trabajo, que será el mismo que el del comercio, de 9:00 a 17:00, como también la movilidad, es decir que los profesionales podrán ir de su casa al estudio y viceversa, mientras que excepcionalmente podrán acordarse con el Comité otras actividades”, añadió el ministro.

Con respecto a las sanciones, el funcionario provincial recalcó que “el Poder Ejecutivo dictará las mismas que para los comercios, mientras que con los colegios se acordó además articular sus códigos de ética para que también tomen medidas con los profesionales que incurran en incumplimiento del protocolo”.

Al respecto, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, remarcó que las decisiones que se están tomando por estos días, flexibilizando la cuarentena obligatoria, “corresponden a un contrato con la sociedad en el que deben primar la responsabilidad y la solidaridad de todos”, mientras que sobre posibles casos de transgresiones sostuvo que “se aplicará el principio de ‘el que rompe paga’, para no tener que retroceder en las medidas y perjudicar a todo el sector, por lo que quienes no cumplen con las normativas dispuestas para el bien común de toda la ciudadanía, deberán pagar una multa”.

Nota, fotos y video: ANSL.