La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley contra la mora judicial

Fue aprobado el proyecto enviado por el gobernador Claudio Poggi, que apunta a garantizar el derecho a una justicia en “plazo razonable”, limitando demoras y agilizando los fallos. La propuesta es parte de una estrategia más amplia que incluye también la eliminación de la feria judicial.

El recuento final tuvo 24 afirmativos de 37 votos.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría -con 24 votos afirmativos y 13 negativos– una reforma al Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de hacer más rápido y eficiente el funcionamiento de la justicia. El proyecto fue enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi y ahora deberá ser tratado en el Senado para convertirse en ley.

La iniciativa pretende que las decisiones judiciales no se demoren más de la cuenta y que los plazos para dictar resoluciones empiecen a correr automáticamente, sin pasos intermedios innecesarios. Esta propuesta se complementa con la eliminación de la feria judicial, otra idea que impulsa el Gobierno provincial. 

El proyecto fue elaborado luego de numerosas reuniones del Ejecutivo con autoridades del Colegio de Abogados de San Luis, Villa Mercedes, la tercera Circunscripción y el Colegio Forense. En los encuentros surgió una preocupación común por las demoras excesivas en la tramitación de causas judiciales y el incumplimiento de los plazos procesales por parte de los magistrados.

El diputado Christian Gurruchaga fundamentó el despacho por mayoría y explicó que la reforma se apoya en dos pilares fundamentales: el plazo razonable, que garantiza a toda persona el derecho a ser oída en un tiempo justo, y la celeridad procesal, que evita que los procesos se prolonguen y retarden el acceso a la justicia.

Otra modificación que busca el proyecto está relacionada con el uso de las denominadas “medidas para mejor proveer”, herramientas que los jueces utilizan para aclarar hechos del expediente. La nueva normativa permite que sean dictadas sólo una vez por instancia, con plazos acotados para su cumplimiento (15 días hábiles, prorrogables por única vez). Si estas medidas se usan sin relación directa con el esclarecimiento de los hechos y generan dilaciones injustificadas, podrán constituir causal de remoción del magistrado interviniente, conforme lo establece la Ley del Jurado de Enjuiciamiento.

Además, se modifica el artículo sobre Retardo de Justicia, fijando que, si un juez no puede cumplir con los plazos establecidos para dictar sentencia definitiva, deberá comunicarlo al Superior Tribunal de Justicia con al menos 10 días de anticipación. Este podrá otorgar una prórroga única de hasta 15 días. Si el juez no cumple, perderá automáticamente la jurisdicción del caso y el expediente será reasignado.

El diputado remarcó que detrás de cada expediente hay una persona, una familia, un menor o un trabajador que necesita una respuesta rápida a problemáticas concretas y que esta mejora beneficia especialmente a los abogados jóvenes, que muchas veces ven postergados sus honorarios por las demoras judiciales.

Esta reforma se trata de una respuesta a una demanda concreta de abogados y ciudadanos: que la Justicia sea más ágil, más previsible y más cercana a los tiempos de la sociedad. Además, es un compromiso con los principios de tutela judicial efectiva, establecidos por la Constitución y por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El proyecto señala que una vez sancionada la nueva ley, se aplicará a todos los juicios que se inicien después de su publicación en el Boletín Oficial. También podrá aplicarse a causas en trámite, siempre que no haya comenzado el cómputo de plazos con la normativa anterior.

El diputado Carlos ‘Charly’ Pereira también respaldó el proyecto y señaló que se trata del inicio de una transformación estructural del Poder Judicial, en el marco de un “contrato” asumido por el gobernador Poggi con la sociedad.

“Como en cualquier contrato, se avanza por etapas o prestaciones. Hoy empezamos con esto. Es una propuesta concreta, que articula un cuerpo normativo -aunque sean tres artículos- que la abogacía considera relevante y que el Poder Ejecutivo ha acompañado. Nosotros también. Esto es sólo el inicio de un proceso estructural”, señaló.

Además, cuestionó al bloque opositor, al que responsabilizó por 16 años de inacción durante los gobiernos de Alberto Rodríguez Saá, y por haber designado más de 30 fiscales “a dedo”, sin respetar criterios de mérito ni imparcialidad, lo que “comprometió la independencia judicial”. Por eso, afirmó: “Con ustedes no”, y sostuvo que los jueces ligados al poder político no son parte de la solución. En cambio, defendió a “los magistrados y funcionarios probos, formados y productivos, que hacen docencia, se capacitan y aportan a la Justicia”.

Para finalizar, Pereira explicó que la mora judicial equivale “a una denegación de justicia” y recordó una encuesta de la Fundación FISAL (2014) que mostró que el 70% de los sanluiseños no confiaba en los jueces, lo que evidencia una crisis de legitimidad del sistema judicial provincial. “Dato alarmante, que muestra que la situación viene deteriorándose desde hace tiempo, y que tiene raíces claras en la politización y partidización del Poder Judicial promovida por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá”, detalló.