El gobernador Alberto Rodríguez Saá y sus pares analizarán el impacto de las medidas adoptadas por Macri

La decisión inconsulta del Gobierno nacional de tomar medidas que afectan a la coparticipación precipitó a los gobernadores peronistas y no oficialistas a reunirse este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones a las 11:00 (antes se juntarán los ministros de Hacienda de cada provincia participante). Allí, tras dialogar y unir criterios, se espera que emitan un documento para alertar sobre el impacto en las finanzas de sus provincias, y la posibilidad de analizar la judicialización del tema.

Según economistas que trabajan para los gobernadores peronistas, el “costo fiscal inicial de las medidas tomadas por Macri alcanza los $99.000 millones (0,46% del PBI)”. De ese total, “el 35% impacta en las provincias por resignación de recaudación vía coparticipación”.

El cálculo incluye los cambios en monotributos, autónomos, asalariados, IVA, suba del piso de Ganancias y la suba de las becas Progresar. La Comisión Federal de Impuestos (CFI) proyectó un costo de $51.800 millones.

Los gobernadores del PJ coinciden en que el recorte de recursos pone en riesgo a los distritos más dependientes de la coparticipación, ya que coincide con una caída de la recaudación propia por efecto de la recesión. A ese factor le agregan que los fondos nacionales para obra pública en 2019 se redujeron al mínimo y con pagos atrasados.

Luego de conocerse la asistencia del gobernador puntano, también se confirmó la del salteño Juan Manuel Urtubey -compañero de fórmula de Roberto Lavagna-,  y el santafesino Miguel Lifschitz. Sólo resta saber si participará el cordobés Juan Schiaretti.

Chubut se adelantó a la decisión que tome el grupo y ya tiene listo un amparo por el recorte de las regalías petroleras y por el congelamiento por 90 días del precio de los combustibles. Se le sumarían Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Fuentes cercanas al tucumano Juan Manzur -muy cercano al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández- plantearon que los mandatarios podrían solicitar una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para denunciar el daño que implica el recorte para las provincias.