DEUDA POR COPARTICIPACIÓN
La Corte Suprema de Justicia intimó al gobierno nacional a pagarle $15 mil millones a San Luis
Tras una larga lucha, el Máximo Tribunal le dio la razón a la Provincia en la causa que originó en 2015, en la que San Luis reclamaba retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP. Son $15 mil millones discriminados en $11.500 millones del primer organismo y $3.500 del ente recaudador.
La gran novedad fue publicada por varios medios nacionales y confirmada a ANSL por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, quien se encuentra en la Corte para notificarse de la medida.
La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la mayoría del tribunal que es independiente del PRO.
“Es un momento muy importante para la Provincia, tras 10 años de litigar finalmente la Corte Suprema define el monto que el Estado Nacional adeuda a San Luis”, expresó desde Buenos Aires el fiscal de Estado.
Agregó que resta ahora esperar que el gobierno nacional “tenga la responsabilidad institucional y respeto por el federalismo, y se disponga a hablar con nuestra provincia para acordar el mecanismo de pago de esta deuda”.
Durante el programa del periodista Jorge Lanata, el primero en difundir esta noticia, se dijo que este fallo significa “un revés para el gobierno nacional, con un alto impacto económico en materia de coparticipación, ya que se trata de $15 mil millones”.
El ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, recordó que pasaron más de tres años del fallo de la Corte a favor de San Luis, dictado en 2015, y que el gobierno nacional “intentó por todos los medios no cumplirlo”.
El funcionario consideró que esta última resolución que intima al Gobierno nacional lo obliga a pagar esta deuda de manera inmediata. “Es un fallo muy bueno que demuestra que la Provincia de San Luis tenía razón, pero a la vez demuestra la falta de consideración del gobierno de Macri, no sólo hacia San Luis, sino también hacia la Corte Suprema, porque las órdenes judiciales se tienen que cumplir”.