El suministro disminuyó por usuarios que se añadieron de manera irregular a la red, lo que generó daños en la infraestructura y permanentes pérdidas. San Luis Agua intervendrá para normalizar el funcionamiento.
Reunió más pruebas en la causa que conecta a la secretaría de Deportes y el San Luis Fútbol Club, ambos entes presididos por ella, por la transferencia irregular de fondos. Se sumaron testimonios de empleados del Ente de Deportes y documentación de la compra con sobreprecio de un ómnibus para 60 pasajeros.
Se trata de mobiliario y algunos electrodomésticos, además de monopatines que fueron adquiridos en la gestión anterior y entregados a la Policía.
La presidenta, Cintia Ramírez, era a su vez secretaria de Deportes en la gestión anterior y realizó millonarias transferencias de fondos públicos al club que ella misma dirigía, lo que motivó una denuncia penal en su contra. Este viernes, la dirección de Personas Jurídicas tomó el control y reveló que por el momento no pudieron encontrar documentación ni bienes. Los interventores, por 180 días, serán Natalia Sarmiento, Gerardo Quiroga y Pablo Kowaliszyn.
Al igual que en La Toma y en el Bº Estrella del Sur, familias del ex Plan Solidaridad denunciaron la precariedad de sus viviendas, entregadas en abril de 2015, y fueron recibidos por la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto.
La interventora de la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques, Ángela Gutiérrez de Gatto, hizo un racconto de los primeros meses de trabajo y destacó varias irregularidades detectadas desde junio, cuando comenzó la investigación. En la ocasión habló sobre las graves irregularidades del Plan Solidaridad, de las casas de los planes Progreso y Sueños que fueron entregadas y no son habitadas, viviendas que fueron entregadas a funcionarios de la gestión anterior sin respetar el orden de prioridad de los inscriptos, y hogares que fueron adquiridos por grandes empresarios de San Luis. Asimismo informó sobre desadjudicaciones que legitiman ventas, expresamente prohibidas por la ley, venta de carpetas, cancelaciones anticipadas para poder vender las casas y falseamiento de datos. Finalmente anunció nuevas entregas, y adelantó que presentará un nuevo proyecto de Ley de Viviendas.
La decisión la tomó el Gobierno de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte, mediante resolución y debido a la manifiesta irregularidad e inobservancia de los requisitos legales. Las asambleas, tanto ordinaria como extraordinaria, se realizaron el 16 de julio pasado en las instalaciones de la entidad y fueron solicitadas por su presidente, Carlos Ahumada. Además del no cumplimiento de la orden del día, en la oportunidad se registraron incidentes y hechos de violencia.
