El regreso se dio luego de que Ricardo Bazla, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, participara del encuentro anual que se realizó en Santa Rosa, La Pampa, donde expuso los avances que está realizando la Provincia para descubrir y sancionar los delitos contra el erario público.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, informó que ha concluido la investigación administrativa que permitirá llevarlo a la Justicia por la probable comisión de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, además de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La recorrida es por la Planta Verificadora N°1 y participan el gobernador Claudio Poggi y Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión.
Así lo reflejan los datos obtenidos del Censo Automotor que se realizó a fin de determinar la cantidad de vehículos oficiales. Este miércoles, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, le informó al Gobernador los detalles del operativo que concluyó el pasado 31 de enero. Los resultados reflejan la desidia y el abandono de la gestión anterior: el 51,4% del parque automotor está fuera de servicio.
Es una herramienta que brinda una respuesta eficaz a la demanda de la sociedad de recuperar el patrimonio mal habido en la función pública. Prevé castigos severos que incluyen la prisión efectiva.
Fueron destinados a movimientos de suelo y la instalación de un alambrado olímpico, que no existe, para dos futuras canchas en la Universidad de La Punta. Fue una contratación directa totalmente injustificada, que le valdrá otra denuncia penal. La empresa beneficiada se creó después del Ente de Deportes.
Se trata de una norma que dictará la ‘extinción de dominio’ de aquellos bienes, dinero, derechos u otros activos que hoy están en mano de quienes se aprovecharon del Estado para hacer negocios propios. Es una herramienta que hará más eficaz la actuación del Gobierno para recuperar lo que le pertenece a todos los sanluiseños.
Les exigen que en el plazo de 48 horas informen qué programas desarrollaron en cada ministerio y secretaría de Estado, qué está en vías de ejecución y que acciones dejaron programadas. También deberán detallar la ejecución presupuestaria al 9 de diciembre, día que dejaron sus funciones. Se debe a que en todo momento se negaron a llevar adelante una transición de mando.
