POLÍTICA DE ESTADO
Narcotest: de las 1.131 pruebas realizadas, apenas cuatro dieron positivo por consumos ilegales
El secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla explicó que estos funcionarios tendrán el derecho de someterse a una contrapueba en Buenos Aires que tendrá un costo de $140.000 y correrá por cuenta propia. Fueron notificados por el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones, ya que los análisis arrojaron positivo para cocaína y marihuana, y la entidad es quien determinará si continuarán dentro del ámbito púbico. El 70% de los funcionarios del Estado ya se realizaron el análisis toxicológico.
Este martes, el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla en conferencia de prensa brindó detalles sobre la aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, más conocida como Ley de Narcotest. Comentó que actualmente en el laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) realizaron 1.131 análisis toxicológicos a funcionarios de los tres Poderes Ejecutivos, de las cuales apenas cuatro dieron positivo por consumo de drogas ilegales.
“Fueron 1.131 análisis sobre un universo de 1.716 funcionarios que comprenden los tres poderes de la provincia, incluidos los órganos extrapoder como el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Sobre ese total ya resuelto, tenemos un porcentaje del 3,5 cada mil de casos positivos. En total son cuatro casos positivos respecto al consumo de drogas ilegales de cocaína y marihuana, dos en cada caso”, aseguró Bazla.
El funcionario comentó que, de acuerdo a la ley, esas personas tienen el derecho a pedir una contraprueba que es solicitada en la Universidad de Buenos Aires a través de un convenio con la UNSL. También son amparados por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, lo que impide divulgar la identidad de los involucrados. “Siempre el costo, tratándose de funcionarios públicos, es a cargo de cada uno. En este momento es de $25.000, el año próximo va a ser de $27.500 pesos y la contraprueba está en el orden de los $140.000 en el caso que así lo solicite”, explicó.
En el caso de los positivos, ya fueron notificados por el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones, quienes además de encargarse de determinar el nivel de toxicidad y la estrategia terapéutica a seguir respecto a estas personas, también determinan la continuidad dentro de sus cargos públicos. “Se han encargado de notificar a estas cuatro personas para que concurran, por supuesto que esto es voluntario. Esto no es una ley represiva, sino una ley que pretende contener y contemplar la situación personal de cada uno y tener en cuenta un detalle que es fundamental para el Gobierno de San Luis, que el funcionario público no puede estar de los dos lados del mostrador. Si está consumiendo cocaína, está adquiriéndola en un circuito por naturaleza ilegal. De manera que no puede estar formando parte como comprador de ese circuito ilegal y al otro día o ese mismo día sancionando una ley, firmando un decreto o dictando una sentencia judicial vinculada al narcotráfico”, aseguró.
Con respecto a la cantidad de funcionarios que todavía no se someten a esta prueba, Bazla contó que solo restan 350 ya que este martes por la mañana, salieron sorteados por la Caja Social 160 empleados estatales para realizarse la práctica durante la semana. “Hay un avance considerable en la ejecución de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia. Con precisión la cantidad de funcionarios distribuidos por poder son: por el Poder Ejecutivo se han sometido a los análisis 643 funcionarios, lo cual constituye el 68% de la totalidad; Por el Poder Judicial han concurrido 445 funcionarios, lo que equivale al 70%; y del Poder Legislativo han concurrido 43 legisladores y miembros de las mesas directivas, lo cual constituye el 69%. Es decir que, redondeando, podemos afirmar que el 70% de los funcionarios públicos de la provincia se hayan sometido a estos análisis toxicológicos”.
Por último, Bazla adelantó que enviaron un proyecto a la Legislatura para que, dentro del presupuesto del próximo año, este contemplada la ejecución de estos análisis dentro de las fuerzas de Seguridad y de Salud pública. “Cuyo costo sí será afrontado por el Estado Provincial. Distinto del caso de los funcionarios, en donde el costo es afrontado por cada uno de nosotros”, cerró.
