POLÍTICA DE VIVIENDAS
Poggi envió a la Legislatura el proyecto de ley de Emergencia Habitacional
El gobernador Claudio Poggi rubricó este lunes el proyecto de ley y lo remitió a la Legislatura provincial para su tratamiento. Estuvo acompañado por Gustavo Bertolini, el ministro de Desarrollo Humano.
En respuesta al resultado obtenido con el plan ‘Tenemos Futuro’, en el cual se inscribieron aproximadamente 66.500 familias, el gobernador Claudio Poggi firmó un proyecto de ley para subsanar la emergencia habitacional de la provincia.
“Unas 66.500 familias han manifestado que padecen problemas habitacionales y tienen la confianza de que el Gobierno de San Luis los ayudará a resolverlos”, expresó el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini. “Hay un total de 190.761 de habitantes que completaron los formularios, lo cual significa que, llevándolo a números, un tercio de la población, exactamente el 35% de la ciudadanía, de acuerdo al Censo 2022, hoy tiene problemas habitacionales”, agregó.
El ministro Bertolini explicó que esta situación es producto de la discontinuidad de la política habitacional en San Luis: “Recordemos que, luego de la inscripción de los planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’ del año 2011, se construyeron 12.500 viviendas bajo la gestión del gobernador Poggi. Luego no hubo una política habitacional en la provincia, entonces hoy nos encontramos con este escenario. Ahora se están terminando las 1.500 que quedaron pendientes del mandato anterior”.
Bertolini comentó que esta circunstancia creó la necesidad de generar herramientas para dar respuestas y una de ellas fue declarar la Emergencia Habitacional. “El Gobernador acaba de firmar el proyecto de ley, que a la Legislatura va a ingresar por la Cámara de Senadores. Este proyecto de ley pretende brindar los medios para empezar a resolver estos problemas”, manifestó.
El proyecto prevé la declaración de la Emergencia Habitacional por cinco años, prorrogable por el Poder Ejecutivo. La intención es que esto trascienda a los gobiernos y sea verdaderamente una política de Estado en la provincia. Esto quiere decir que, hasta que no se resuelva el problema habitacional del último inscripto, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, esta fuerte política habitacional seguirá en ejecución.
Por otro lado, el proyecto plantea que, en el presupuesto de la Provincia y con jerarquía de ley, la mitad de lo que se destina a la obra pública se invierta en soluciones habitacionales. En este sentido, el Gobierno asume el compromiso de que todos los años en el presupuesto haya una partida, independientemente del valor que tenga, que se destine a la política habitacional.
“Otra medida importante es que se realizará un censo de todas las tierras fiscales (sean de carácter nacional, provincial o municipal) porque lo primero que necesitamos, para poder planificar una política, es saber con qué contamos en materia de tierras o del banco de tierras. En los próximos días comenzaremos. Para eso, la ley dispone que tanto la dirección de Catastro, como la de Propiedad Inmueble y todo organismo que pueda aportar información, debe hacerlo a los fines de saber con qué disponemos y hacer las gestiones correspondientes”, afirmó.
Por último, este proyecto de ley propone un relevamiento de todos los grupos familiares inscriptos, a los efectos de validar la documentación. Con los datos aportados a través de declaración jurada, incluida en el formulario de inscripción, todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos por la ley serán quienes integrarán este proceso de política habitacional.
“La declaración de emergencia no siempre tiene que ser algo negativo. En este caso, nosotros lo vemos como una herramienta y como una posición que toma el Gobierno de la Provincia para tomar seriamente el tema”, subrayó el Ministro. También comentó que el proceso de inscripción cerró el lunes pasado, tras estar habilitado por 90 días de manera online: “Hemos podido ver que la inscripción por departamento y por localidad coincide con los datos poblacionales, esto traduce que llegó hasta el último rincón de la provincia”.
“Ahora comienza el proceso de validación de datos. Por la cantidad de inscriptos que hay, suponemos que nos puede llevar por lo menos 90 días, en los cuales vamos a filtrar datos con otras bases, respecto a la propiedad inmueble. Tenemos que chequear, por ejemplo, que los inscriptos no posean una vivienda. Después, vamos a requerir documentación respaldatoria de lo que se ha declarado y, en los casos que sean necesarios, vamos a hacer informes socioambientales territoriales. Es decir, vamos a visitar a las familias. Es el tercer paso para verificar la información”, concluyó.
