ÉTICA PÚBLICA
San Luis avanza en la lucha contra el consumo de drogas en la Asamblea Anual Anticorrupción
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, destacó los avances en la implementación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, conocida como la ley del narcotest, en una exposición en la Asamblea Anual del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción que se está llevando a cabo en Puerto Madryn.
La normativa que impuso el narcotest, conocida como Ley de Ejemplaridad y Coherencia y sancionada en noviembre de 2024, establece que todos los funcionarios públicos de los tres poderes de la Provincia (desde el Gobernador hasta los legisladores y miembros del Poder Judicial) deben someterse anualmente a análisis toxicológicos para detectar el consumo de drogas ilegales.
Durante su intervención en la Asamblea Anual Anticorrupción que se lleva a cabo en Puerto Madryn, Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, explicó que la ley afecta a un total de 1.700 funcionarios, quienes deben realizarse un análisis toxicológico al menos una vez al año. Estos análisis buscan detectar sustancias como opiáceos y drogas ilegales que no formen parte de tratamientos médicos legales.
Bazla detalló ante sus pares de todo el país cómo se lleva a cabo el proceso de selección de los funcionarios, que se realiza mediante un sorteo semanal a cargo de la Lotería de San Luis. Los funcionarios seleccionados son notificados con 24 horas de anticipación y deben acudir a la Universidad Nacional de San Luis para realizar la prueba, cuyo costo es asumido por cada uno.
En caso de que un análisis resulte positivo, se activa un protocolo para realizar una segunda prueba en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que también costeará dicho funcionario. Sin embargo, el Secretario destacó que, por respeto a la privacidad y conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, los resultados de las pruebas y las identidades de los afectados no son divulgados públicamente.
Con esta medida, San Luis reafirma su compromiso con la transparencia y la ética pública, garantizando que quienes ocupan cargos de responsabilidad lo hagan sin la influencia de sustancias que puedan afectar su desempeño. Esta ley representa un paso importante en la lucha contra el consumo de drogas en el ámbito público y como un ejemplo de coherencia y ejemplaridad en la gestión pública.
