TRANSPARENCIA Y ÉTICA
“Unas 10 mil personas están en condiciones de hacerse el test de detección de drogas”
Los funcionarios deberán someterse a exámenes anuales y obligatorios. Por ello, a primera hora de este jueves, en un laboratorio perteneciente a la UNSL, el gobernador Poggi fue el primero en someterse a la prueba. Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, anunció la promulgación de la ley que busca garantizar la integridad de los funcionarios públicos en la lucha contra el narcotráfico.
Este jueves, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, brindó detalles en conferencia de prensa sobre la vigencia y aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia: “Establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado deben someterse a exámenes toxicológicos anuales y obligatorios. Esto es un paso importante para garantizar la transparencia y la ética en la gestión gubernamental”.
Según Bazla, la ley tiene como objetivo detectar la existencia de drogas ilegales en el organismo de los funcionarios, prevenir el consumo abusivo de drogas legales y garantizar que los funcionarios tomen decisiones en plenitud de sus capacidades.
“La ética pública consiste en un conjunto de normas deseables para lograr un buen Gobierno, por ello estamos comprometidos con la transparencia y la aplicación de normas éticas”, agregó el funcionario.
La ley abarca a funcionarios de los tres poderes del Estado, legisladores, integrantes de la fuerza, personal de salud: “Estamos hablando de una tarea muy intensa que ha comenzado hoy y comprenderá a aproximadamente 10.000 personas. En términos generales serán 5.800 efectivos policiales, más el personal del Servicio Penitenciario, más todo el personal de la Salud Pública y a eso sumado los funcionarios del Poder Ejecutivo, los legisladores, senadores, diputados y los integrantes de las mesas directivas, más el Poder Judicial, nos referimos a ministros del Superior Tribunal, camaristas, fiscales, jueces de primera instancia, defensores, etc”, detalló el secretario.
En caso de no cumplir con la ley, los funcionarios podrían enfrentar consecuencias como la cesación inmediata de funciones o afrontar un jury de enjuiciamiento.
La Provincia cubrirá los costos de los exámenes toxicológicos, que se realizarán en la Universidad Nacional de San Luis. Los resultados se mantendrán confidenciales y se notificarán a la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión.
¿Qué establece la Ley?
Los exámenes toxicológicos serán de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y aleatoria. El objetivo es asegurar que la selección de los funcionarios para los test sea transparente e igualitaria.
Los test se realizarán en instituciones públicas que no dependan del Estado provincial, para asegurar la independencia de los resultados. En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales en un funcionario, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia, como el otorgamiento de licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.
La norma garantiza que toda la información obtenida será tratada con estricta confidencialidad -tal como lo establece la Ley Nacional de Protección de Datos Personales- para proteger la privacidad de los resultados de los funcionarios.
