Claves de la política en seguridad: capacitación, recuperación de recursos y leyes acordes

El gobernador Claudio Poggi planteó que es central la formación de policías y preventores, dotarlos de los recursos de los que han estado privados y trabajar de forma coordinada con la Justicia y con fuerzas como Gendarmería Nacional. Dijo por qué apoya la baja de la edad de imputabilidad y anunció el envío a la Legislatura de algunos proyectos de ley, entre ellos, la Reforma del Código Procesal Penal y la eliminación de la feria judicial, que considera un “privilegio del Estado”.  

En su discurso ante los legisladores provinciales, el pasado 1° de abril, el gobernador Claudio Poggi marcó que hay que dar una lucha sin cuartel contra dos males que han alterado la tranquilidad social: la inseguridad y la droga.

El esfuerzo en esta batalla será doble, dado que, según dijo el Primer Mandatario, al iniciar su gestión descubrió una falta de política en materia de seguridad y de tecnología aplicada a la materia. “La Policía de San Luis es la única del país que carece de una herramienta básica como es el sistema de comunicación de misión crítica, además de una ausencia de capacitación de los agentes, que no tienen el equipamiento de protección individual de chalecos, ni uniformes acordes, ni municiones”.

“La droga está circulando como el agua –aseguró Poggi–. No podemos llegar a ser Rosario o el conurbano bonaerense, donde todos los días mueren ciudadanos inocentes, víctimas de la inseguridad y de la droga. No va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos claro que debemos recuperar la tranquilidad para nuestras familias”.

Aquello que debería haber sido el norte, que es el trabajo para preservar a los sanluiseños y prevenir delitos, no estaba en primer plano, “con un ministerio de Seguridad y una conducción policial que estaban muy compenetradas, contaminadas diría, por la política partidaria, además de estar totalmente auto aislada de cooperación con policías provinciales limítrofes y con las fuerzas federales”.

Recursos

El combate del delito exige una fuerza con capacidad de movilizarse. Y, al respecto de este punto, la nueva gestión también detectó falencias. Dijo que, del total, solo el 20% de los patrulleros están en funcionamiento: 131 patrulleros están aptos, y 157, fuera de servicio. Cuatrocientos están directamente para remate. Además, el 50% de las motos están inutilizables.

Para revertir esta situación, habrá inversiones. “Estamos en un proceso de compra de 70 patrulleros equipados para la acción preventiva, lo que equivale a aumentar en más de un 50% la dotación. Y se realizará la adjudicación con un plazo de 30 a 45 días para recibirlos equipados. Además, se adquirieron 14 motos afectadas al patrullaje”, anunció el Gobernador en la Legislatura.

Otro de los recursos hallados en estado deplorable son los edificios, tales como las comisarías y destacamentos: el 75% de estos lugares no están en adecuadas condiciones. En similar situación se halló el Instituto Superior de Seguridad Pública ‘Juan Pascual Pringles’, popularmente conocida como ‘La Escuela de Policía’, donde solo se puede usar un tercio de sus instalaciones, dijo el Gobernador.

Vínculo con la Justicia

La seguridad no es responsabilidad exclusiva de la Policía: es un auxiliar de la Justicia, y los resultados son mejores cuando hay articulación. El panorama hallado en diciembre de 2023, al arrancar la gestión, es el de la falta de un trabajo coordinado con las fiscalías, que en el sistema judicial vigente en la provincia, son los organismos que llevan adelante la investigación de los delitos.

Despolitización y capacitación

A sabiendas de que el tema es preocupante, Poggi destinó algunos párrafos de su discurso en la Legislatura a las medidas que ya están en marcha. “Primero despolitizamos la conducción del ministerio de Seguridad, la Policía y la Penitenciaría, para que todas las energías estén afectadas a la política de seguridad, y se realizó ordenamiento jerárquico institucional”.

Por otro lado, hizo referencia a la capacitación, tanto de la Policía como de los preventores –antes conocidos como agentes de Seguridad Comunitaria– y a la necesaria coordinación con los ministros de Seguridad de provincias vecinas y con fuerzas federales, algo indispensable ante delitos que trascienden las fronteras de la provincia. “Diseñamos un plan anual de entrenamiento para el personal en actividad y se formalizó un convenio para la profesionalización del personal de seguridad con el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, para que los efectivos puedan alcanzar su título de grado. En estos 113 días de gestión se capacitaron a 1.500 preventores del nuevo programa de Prevención Ciudadana, y seguirá esta capacitación para lo que resta del año para los demás preventores”.

En su mensaje, Poggi quiso llevar tranquilidad a los efectivos. “El criterio que adoptaremos con las fuerzas de seguridad, policial y penitenciaria, será de cuidarlos. Vamos a cuidar a quienes nos cuidan, y, en el marco de la ley y la Constitución, los vamos a respaldar siempre en su accionar. Yo estoy del lado del orden, del lado de las víctimas de los delitos. Parece obvio lo que digo, pero son épocas en las que hay que aclararlo bien”, dijo.

Arribo de Gendarmería Nacional

Una decisión política fuerte fue la gestión para que Gendarmería Nacional desembarque en San Luis, la única provincia en donde la fuerza no tenía permitido actuar. Se espera que los gendarmes den un fuerte apoyo en el control de las rutas y en la lucha contra el narcotráfico. Su base operativa física será en La Punta y está en pleno acondicionamiento para que el lunes 6 de mayo esté en funcionamiento.

Baja de la edad de imputabilidad

Poggi sentó posición sobre un debate, el de la baja de la edad de imputabilidad, que cuenta con el visto bueno del Gobierno Nacional. Y dio sus argumentos: “Si bien es una legislación nacional y no provincial, en los delitos extremos, graves, como matar o violar, cometidos por menores tiene que haber ejemplaridad. Estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad, y no lo digo desde una posición ideológica, lo digo desde una realidad que tenemos que revertir, ya que un alto porcentaje de delitos lo cometen menores. Ni la marginalidad, ni la vulnerabilidad, ni la pobreza son excusas para que un menor cometa un delito extremo. Si se trata a nivel nacional la baja en la edad de imputabilidad, mi voz estará a favor”, aseveró.

Leyes

Además, el Gobernador anunció que enviará a la Legislatura varios proyectos de ley. Uno es la reforma del Código Procesal Penal, “para terminar con la puerta giratoria, que los delincuentes entren por una puerta y salgan inmediatamente por otra, burlando el sistema de Justicia”. Esta reforma propone que quienes sean apresados por segunda vez deben esperar el juicio en prisión preventiva.

Otro proyecto será suspender por un año, prorrogable por otro, la Ley N°1081. “En 2022, San Luis adhirió a una ley nacional para que parte de los delitos de lucha contra el narcotráfico sean investigados por la Justicia provincial. A la fecha no se ha implementado, pero vemos que en las provincias que sí lo han hecho, los resultados no han sido buenos”, dijo. Y es que la falta de coordinación y la fragmentación de las investigaciones ha generado la imposibilidad de castigar a los ‘peces gordos’ del narcotráfico.

Otra de las leyes que quiere impulsar es la creada por la diputada Marisa Patafio, para que se implemente de modo obligatorio y aleatorio exámenes médicos y bioquímicos a los funcionarios públicos de nivel jerárquico, para garantizar que no consuman ni sean adictos a drogas ilegales.

Además, buscará la derogación de la llamada ‘Ley de Parajes’, que considera contraria a la Constitución Nacional. “Establece que personas condenadas puedan desarrollar en una especie de libertad anticipada, proyectos productivos y/o económicos en parajes de San Luis con la sola autorización del Gobierno Provincial, dejando desdibujada la figura del juez de ejecución penal, quien es el responsable y encargado del cumplimiento de la pena impuesta al ciudadano”, explicó.

Otro proyecto de ley que será remitido a la Legislatura es la de eliminación de la feria judicial, que considera un “privilegio del Estado”. “El derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos se contrapone con la paralización de la Justicia por un mes y medio”, afirmó. Para el Gobernador, ese lapso tan prolongado de suspensión de los plazos procesales afecta de modo directo la eficiencia del servicio.