AHORRO PARA EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO
El Gobierno de Macri toma la experiencia de la firma digital en San Luis y la implementa a nivel nacional
Los 11 años de esta exitosa innovación coloca a la provincia como referencia en el país frente al decreto del Gobierno nacional que busca establecer la firma digital en todos los organismos estatales.
En el 2007, San Luis sancionó la Ley Provincial V-0591-2007 de Firma Digital, y con ello posibilitó implementar masivamente un sistema de gestión documental de expedientes electrónicos en los tres poderes provinciales.
Además de la despapelización del sector público provincial, la Pronvincia se abocó a sumar al sector privado a esta iniciativa y hoy provee firma digital a matriculados de varias profesiones.
Aunque sin abundar en detalles, el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional incluye distintas reglas normativas sobre la ampliación de los alcances de la firma digital para lograr su uso masivo, junto a los expedientes electrónicos y la despapelización.
Otra superación tecnológica puntana es la Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE), que tiene como finalidad contener en una misma cédula todos los datos necesarios para la identificación de la persona, tanto física como digitalmente. La CIPE comienza su emisión en el 2010, posibilitando la identificación en línea y la firma digital a través del chip criptográfico incluido.
En marzo de 2017 se actualizó la CIPE a la nueva CIPE 3.0 con tecnología NFC (Near Field Communication) que permite a los habitantes de San Luis firmar digitalmente desde dispositivos móviles que posean la misma tecnología, posibilitando la interacción entre personas, empresas y el Gobierno.
Actualmente se llevan emitidas 79.000 CIPE 3.0, que están dirigidas a todos los ciudadanos con el objetivo de potenciar el uso de las nuevas tecnologías para la accesibilidad a los trámites de Gobierno y a la vez ser una guía de aquellos trámites que una persona puede efectuar ante el Gobierno provincial y ante las autoridades de los municipios adheridos.