ÁMBITO FINANCIERO
Postura de la Provincia ante la Nación por la deuda impaga a San Luis
El matutino porteño, especializado en economía, publicó en su edición de hoy un artículo referido al diferendo que mantienen el Gobierno de San Luis y la Nación por el cálculo de la deuda por fondos coparticipables que la administración federal mantiene con la Provincia desde hace 13 años, y por la cual la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo favorable al Estado sanluiseño.
En el artículo, firmado por el periodista Ariel Basile, da cuenta de la reducción en el monto de dinero que la Nación pretende imponer a San Luis y la negativa puntana, además de la postergación, por parte del Ministerio de Hacienda de la Nación, de una reunión a la que iban a asistir representantes de ambos gobiernos. El texto también está disponible en la versión web de Ámbito Financiero. Aquí, la nota.
Nuevo choque entre el Gobierno puntano y la Casa Rosada
San Luis cruza a Nación por recálculo de la deuda y exige más del doble
La disputa entre el Gobierno nacional y San Luis revivió en un nuevo round, relacionado con la batalla más trascendente para el Gobierno puntano: el reclamo por la deuda de Nación por fondos coparticipables, que tiene fallo favorable de la Corte Suprema.
La Jefatura de Gabinete nacional elevó al Congreso un informe donde recalcula la deuda con San Luis en $5.657 millones, cuando la provincia reclama entre $12.000 y $15.000 millones a febrero de este año, según se utilice tasa pasiva o activa. Además, los puntanos no recibieron con agrado que desde el Ministerio de Hacienda, que encabeza Nicolás Dujovne, cancelaran la reunión prevista para ayer a fin de seguir con la discusión iniciada hace 25 días, cuando se había abierto un canal de diálogo para zanjar montos, plazos y modos de cancelación de la deuda.
Los compromisos del Estado nacional surgen del fallo emitido por el máximo tribunal en noviembre de 2015, cuando declaró la inconstitucionalidad de la detracción del 15 % de la Coparticipación Federal de Impuestos con destino a la Seguridad Social.
En la provincia los tomó por sorpresa el informe, ya que dicen que usa “datos viejos”. El trabajo del área que lidera Marcos Peña tiene 1.187 páginas y en un par de párrafos responde a una pregunta sobre la deuda del bloque Avanzar San Luis, que controla casi en soledad el exmandatario Claudio Poggi (ex aliado del actual gobernador Alberto Rodríguez Saá y hoy su principal opositor). Allí se menciona que el Gobierno nacional impugnó la liquidación de la provincia de $9.020 millones para ofrecer $7.222 millones. Luego, señala el recálculo posterior con “la aplicación del 6 % de interés anual, asimilable a lo que el Estado Nacional le cobra a las provincias, en el marco del financiamiento que les provee”, de donde resulta el guarismo de $5.657 millones.
“Es información vieja, los $9.020 millones los presentamos en noviembre de 2015. La Casa Rosada lo rechazó en febrero de 2016 y revieron la cifra con tasa pasiva a $7.222 millones. Hoy los montos actualizados son otros, y cuando nos sentamos con Dujovne a principios de mes planteamos un piso de $12.000 millones para empezar a negociar”, manifestó a Ámbito Financiero Eduardo Allende, fiscal de Estado de San Luis.
También argumentó que el mandatario Rodríguez Saá ya había sepultado la tasa del 6 % estipulada en el decreto 660 de 2010, que creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias. “Ellos se presentaron diciendo: ‘Nosotros también tenemos que pagar al 6 %’. Pero, en primer lugar, San Luis no participó en esa condonación de deuda porque no debíamos nada. A su vez, y por este tema tenemos un juicio en la Corte, esa condonación se hizo con fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que correspondían a la provincia; es decir, era plata de San Luis”, agregó Allende.
Si bien Rodríguez Saá salió contrariado de la Casa Rosada aquel 1 de marzo por la falta de definiciones, en la provincia reconocían que era un primer avance, pasados de sobra los 120 días que había estipulado la Corte Suprema allá por 2015 para alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Por eso, la cancelación del segundo encuentro, que estaba previsto para ayer, se vivió como un nuevo retroceso en la cuestión. “Nos comunicaron que todavía no tenían una propuesta concreta. Los plazos se vuelven a dilatar”, concluyó el fiscal de Estado puntano.
Nota: ANSL.
