AUMENTO DE LAS TARIFAS
Mientras el Gobierno nacional ratifica el “tarifazo”, San Luis se remite al fallo de la Justicia Federal
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, su par de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el de Transporte, Guillermo Dietrich, ratificaron la posición del Gobierno nacional sobre el aumento de las tarifas de los servicios públicos, mientras que el Gobierno de San Luis mantuvo su firme posición y se ciñó al fallo de la Justicia Federal que dice, entre otras cosas, que “el aumento de las tarifas es arbitrario, ilegítimo y exorbitante”.
A esta conclusión se llegó luego que los funcionarios nacionales se reunieran en la Casa Rosada con gobernadores provinciales del norte y centro del país y otros funcionarios para tratar el incremento de las tarifas de los servicios en los distritos del interior. La ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, representaron a la provincia de San Luis.
“El Gobierno nacional no llamó a dialogar a las provincias, sino que las llamó para comunicar una decisión ya tomada respecto al aumento de las tarifas. En tal sentido, San Luis mantiene sus posición y se ciñe al fallo de la Justicia Federal que indica que el aumento es arbitrario, ilegítimo y exorbitante”, le dijo Allende a la Agencia de Noticias San Luis a través de una comunicación telefónica.
Allende comentó: “Nosotros expusimos cuál fue desde el principio la firme decisión del gobernador de trabajar y defender a los más humildes. Contamos la situación de la provincia de San Luis que realmente nos alertó a todos desde la semana pasada con cantidad de gente reclamando en el Ministerio de Desarrollo Social, las cámaras de la industria, de las pymes, de la cámara hotelera de San Luis, también reclamando por estos aumentos desmesurados. Y ante ello la inmediata reacción del gobernador cuando el lunes nos dio instrucción de realizar acciones legales pidiendo que no se aplicara este tarifazo del gas”.
“También planteamos en esta mesa que el gobernador es plenamente consciente de que hay un atraso tarifario, que hace años que no se aumenta la tarifa, que hay un proceso inflacionario en el país, pero tampoco esto puede aumentarse de repente en un 2.000%, las familias están en el período en que más se consume gas para calefaccionar su casa, su vivienda. Esto hace el derecho a la salud de la gente más necesitada y por otro lado hace directamente también a la economía de la industria. Si esto no se revisa podría quedar mucha gente desempleada, en la calle, porque la industria no podría sostener su nivel económico”, agregó.
El fiscal de Estado dijo además que “nosotros planteamos aquí que hemos tenido una medida cautelar muy novedosa en San Luis porque el juez federal de San Luis, en lugar de declarar la inaplicabilidad directa de todas estas normativas que ocasiona el aumento, ha puesto un tope del 70% del aumento. Esto es muy novedoso, esta es la única medida cautelar que ha salido en estos términos y el gobernador lo expresó ayer en la conferencia de prensa. Ha compartido el criterio de razonabilidad que tiene esta medida. También lo dijo ayer, ‘hay que pensar siempre en la gente más necesitada, en los más humildes’. Obviamente se pueden ir haciendo aumentos, ajustando la tarifa de gas pero esto debería ser mucho más gradual y, aparte, que vaya impactando en los períodos en los que hay más consumo de la gente, de los usuarios residenciales, de la gente que más lo necesita; es decir, se podría hacer en el verano que uno tiene menos consumo de gas y entonces tiene tiempo después de afrontar esta tarifa”.
“Todo esto lo expusimos y la verdad es que fuimos la única provincia que planteamos nuestra diferencia de las propuestas que se están estableciendo desde Gobierno nacional y lo vamos a tratar con el señor gobernador en las próximas horas”, finalizó Allende.
Por su parte, la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, dijo que “hemos escuchado las propuestas que hizo el Gobierno nacional y nos llevamos las propuestas y las modificaciones que serán consultadas con el gobernador, quien actuará en consecuencia, en función de lo que considere óptimo para los usuarios y el sector productivo de la provincia, pensando siempre por supuesto como es la premisa del doctor Alberto Rodríguez Saá, que siempre se caracterizó por pensar en los más humildes y que sean ellos los menos perjudicados cuando uno ve que son medidas macroeconómicas erradas en el tiempo y que quizás no tienen una solución de la noche a la mañana y que la solución que se quiere implementar tiene un alto impacto justamente en estos sectores más vulnerados o más vulnerables de la sociedad”.
“En principio hay gobernadores que estarían de acuerdo, han aceptado, han llegado a estas conclusiones en manera conjunta; nosotros lo evaluaremos en las próximas horas”, señaló Zabala Chacur.
En la reunión de este jueves, que se desarrolló en la sede de la cartera del Interior, en la Casa de Gobierno, además de los funcionarios puntanos estuvieron presentes los gobernadores del Chaco, Domingo Peppo; de Formosa, Gildo Insfrán; de Catamarca, Lucia Corpacci; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Jujuy, Gerardo Morales; de San Juan, Sergio Uñac; y representantes de las provincias de Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Misiones.
[youtube id=”G_VLwEfB4Ts” titulo=”Eduardo Allende, fiscal de Estado y Natalia Zabala Chacur, ministra de Hacienda Pública”]
Nota: Jorge Scivetti.
Fotos y video: Matías Ceballe.
Edición: Fernando Testi.
Corrección: Mariano Pennisi.
