San Luis, la única provincia que despapelizó por completo la administración pública

Un logro que se suma a los tantos que ubican a San Luis como el distrito mejor administrado de la Argentina. El alcance se hizo realidad a través de la creación del Instituto de Firma Digital. Su actual director, Gabriel Varela, brindó una entrevista exclusiva en la que detalla los principales aspectos técnicos y normativos que incluye la herramienta empleada por el estado puntano.

Gabriel Varela, director del Instituto de Firma Digital de la ULP

Carlos Gabriel Varela Rachid es el nombre completo de quien se desempeña como director del Instituto de Firma Digital. Abogado de profesión, Varela está al frente del organismo desde 2014, pero sus inicios en este sector datan de 2011. El organismo a su cargo ha logrado la despapelización en la administración pública de San Luis, un avance tecnológico que se une al cuidado del medioambiente, una política de estado en San Luis.

Especializado en Derecho Penal Tributario, Varela fue elegido por la rectora de la Universidad de La Punta, Adelaida Muñiz, para comandar el destino del Instituto de Firma Digital. Con un currículum cargado de logros académicos, reconoce haberse formado profesionalmente “a través de posgrados, especialidades y diplomaturas con los catedráticos más importantes de la Argentina”.

La firma digital es una realidad en San Luis, lo que significó que la provincia se convierta en la única del país en haber despapelizado por completo la administración pública. En esta entrevista, Gabriel Varela relata y explica cómo funciona este instrumento, sus marcos legales y los beneficios que conlleva.

¿Cómo comenzó su participación con la firma digital?

En el 2011, bajo la dirección de Luciana Vera, tuve la fortuna de participar y continuar  con  el proceso de implementación efectiva en la provincia de San Luis, como responsable de Normativa Jurídica del Instituto de Firma Digital,  logrando  implementar la Firma Digital en toda la administración pública provincial, como así también al sector privado. Colaborando con la institución en la confección de los instrumentos legales para la aplicación de esta  herramienta.

Desde su óptica y su experiencia durante estos años, ¿cree que el usuario, en este caso la administración pública, ha podido comprender las ventajas de emplear esta herramienta?

Sí, creo que estas primeras implementaciones con Firma Digital fueron el puntapié inicial que permitió que, tanto los funcionarios como los agentes de la administración pública provincial, se sensibilicen en el uso de esta tecnología. Considero que el uso de la firma digital se podrá extender masivamente en el resto del país, cuando los agentes perciban los beneficios que aporta la utilización de la misma.

Si bien mi participación en el proceso de implementación de firma digital en la provincia comenzó en el 2011, desde el año 2009 todos los expedientes relacionados a la administración pública se realizaban en formato digital, desde el mencionado año hasta la actualidad se han realizado más de 450.000 expedientes de manera digital, los cuales poseen más de 3.000.000 de actuaciones firmadas digitalmente. Gracias a esta despapelización, el Instituto contribuye con el medioambiente, ya que en cuatro años se han evitado utilizar 44 toneladas de papel, la utilización de 660.937 litros de agua, el uso de 423.000 KW/h en el proceso de fabricación del papel, se evitó la emisión de 162 toneladas de CO2 y se evitaron 66 toneladas de residuos, entre otros.

Además de la firma de expedientes, ¿en qué otros procesos pueden utilizarse los certificados digitales?

La Cedula de Identidad Provincial Electrónica posee dos certificados, uno de firma digital de habitantes y otro de autenticación de personas físicas, la misma puede ser utilizada en un casillero digital denominado Portal Puntano, que permite la interoperabilidad entre el casillero mencionado, la CIPE, la Firma Digital y el sistema de gestión de expediente de gobierno provincial; podemos decir que es un proyecto desarrollado en conjunto entre la ULP y el Sistema de Gestión Pública de San Luis, cuyo objetivo principal es convertirse en el único punto de contacto entre el ciudadano y el Gobierno provincial.

¿Puede hacer una descripción de los beneficios que presta el Portal Puntano al ciudadano?

En cuanto a los trámites disponibles en el Portal Puntano, los más utilizados por los ciudadanos son los relacionados a DOSEP (obra social del estado provincial) solicitud, consulta y firma de órdenes y a Rentas provincial, acceso al sitio, consulta y pago de impuestos, junto a la Consulta de Estado de Expediente. Una ventaja de Portal Puntano es que permite iniciar un expediente en cualquier ministerio, como si se hiciera por mesa de entrada y seguirlo de manera online. Actualmente, el portal, entre otros trámites, cuenta con la obtención de la factura de San Luis Agua; asimismo, con la intención de fomentar su uso por parte de docentes y alumnos, fueron incorporados al Portal Puntano recursos educativos para que los alumnos accedan a material didáctico,  tales como mapas de la provincia de San Luis, material de estudio, etc.

Creemos que es importante difundir a toda la ciudadanía el uso del Portal y crear un canal de comunicación directo con los ciudadanos, además de incentivar y capacitar a los agentes de la administración pública sobre el correcto funcionamiento del sistema, con el fin de que cada partícipe del proceso vea las virtudes de usar la herramienta. En estos meses hemos aumentado de manera considerable el uso del Portal y pensamos continuar por la misma senda, colocando en puntos estratégicos de la provincia módulos de rápida gestión accesibles para todos los ciudadanos.

¿En qué planes o proyectos se está trabajando desde el Instituto de Firma Digital?

Actualmente, el Instituto de Firma Digital presenta una alta potencialidad operativa en lo que respecta a tecnologías de información y comunicaciones, es por ello que en este sentido se puede decir que el mismo ha avanzado en los elementos del llamado Gobierno electrónico, dado que ha ido más allá de la mera informatización de los documentos y procedimientos, con grandes progresos en términos de eficiencia y eficacia.

Este, además de contar con una imponente infraestructura y con el personal capacitado, dispone del marco normativo y legal que tuvimos que modificar y adaptar para la aplicación de las nuevas tecnologías, y de sistemas que permitan el fortalecimiento de los aspectos de seguridad informática. En esta gestión, los avances tecnológicos se complementan con los normativos, dándole verdadera eficacia jurídica a los documentos firmados digitalmente.

¿Cuál es su posición con respecto al Gobierno electrónico?

Considero que es una visión estratégica que abre el camino hacia una sociedad más integrada, equitativa y eficiente.  Por eso responde a una política permanente de Estado, debido a que no podíamos seguir con una maraña inconexa de instituciones responsables desarticuladas y con un sistema manual lento que demanda grandes esfuerzos de control.  Las herramientas que brindamos tienen como contrapartida una administración pública más eficiente y moderna, al servicio de una ciudadanía más participativa y mejor informada.

Después de los alcances obtenidos hasta el momento con la firma digital, ¿cómo piensan continuar con su implementación?

Estamos orgullosos de los resultados alcanzados, pero también estamos convencidos de que tenemos un largo camino por recorrer. Sin caer en triunfalismos, pensamos que estos resultados son los logros a corto plazo que, por supuesto, son muy importantes, pero nuestra apuesta es a largo plazo.

¿Este objetivo a largo plazo busca encontrar su posicionamiento a nivel nacional? ¿Cómo es la relación con los organismos nacionales?

Actualmente, el Instituto de Firma Digital se encuentra en  permanente comunicación con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, estrechando vínculos directos con las autoridades más relevantes en la materia para interiorizarlos sobre las coincidencias y compatibilidades en los aspectos legales y tecnológicos de la infraestructura de firma digital en Nación y la Provincia, y buscar conjuntamente la implementación legal de un reconocimiento mutuo de los certificados emitidos por ambas jurisdicciones, para que los otorgados por el ente licenciante provincial sean reconocidos en Nación y todos aquellos con quienes ella suscriba acuerdos  y viceversa.

La implementación legal de dicho acuerdo tiene sus dificultades por ciertos vacíos legales de la normativa nacional en particular y los distintos grados de avance un cuanto a la implementación de la Firma Digital en San Luis, respecto del  resto de las provincias e inclusive con Nación.

En San Luis, en 2009 se implementa como prueba piloto en la ULP, en 2010 en el Poder Judicial y en 2011 se generaliza en los tres poderes de la provincia.

Paralelamente, en 2011 se comenzó la entrega de  Cédula de Identidad Provincial Electrónica, la cual habilita al habitante firmar digitalmente para todas las tramitaciones públicas y privadas, y, si fuere el caso, mediante el uso de su casillero digital almacenar diversos tipos de información, como acta de nacimiento, recibos de sueldo, entre otros. En igual período se avanzó en el ámbito privado, otorgando la misma en Consejos Profesionales, empresas privadas, tanto de San Luis como de otras Jurisdicciones.

Si bien la Ley 25.506 explícitamente reconoce la facultad de las provincias para darse sus propias instituciones y, por ende, para legislar sobre los procedimiento en sus respectivas administraciones,  no contempla acuerdos y reconocimientos mutuos entre Nación y Provincias como lo hace con hace con los estados o certificadores de otros países.

El resultado de ese acuerdo permitirá  un crecimiento en la aplicación de esta tecnología a nivel nacional, teniendo en cuenta que el Instituto de Firma Digital,  cuenta con la infraestructura adecuada para explotar al máximo este servicio tecnológico, siendo la única provincia de la Argentina que ha logrado despapelizar la administración pública por completo.

Asimismo, se encuentran en proceso de firma, actas y convenios con el Colegio de Agrimensores como eslabón para completar el circuito entre Rentas y el Registro de la Propiedad Inmueble, Poder Judicial a los fines de otorgarle la Firma Digital a los martilleros y corredores públicos, a los mediadores. En esta semana se firmaron convenios y actas con empresas de otras provincias  interesadas en tener Firma Digital como personas vinculadas.

Sabemos que el escenario plantea objetivos ambiciosos, pero tenemos la capacidad para lograrlo y un margen suficiente para mejorar cuantitativa y cualitativamente nuestra posición. La deseable transformación que proponemos requiere,  un esfuerzo prioritario y sostenido. La ley de firma digital, abre un camino que debe ser transitado con voluntad política, infraestructura y capacitación de todos sus actores.

En base a su experiencia, ¿qué reflexión le merece los avances tecnológicos de la provincia?

Considero que la era digital ha llegado para quedarse y, como cada revolución, la tecnológica suscita miedos, alienta esperanzas y genera nuevas herramientas, pero los puntanos no han sucumbido al vértigo provocado por la velocidad del cambio, han superado la fascinación y no se ha estancado en la perplejidad. Vislumbramos nuevas oportunidades gracias a la existencia de estas poderosas herramientas de comunicación que nos permitiría agregarle dinamismo a los trámites administrativos.

La Firma Digital y sus paradigmas de sustento han de ser representados a la luz de los medios que nos trae la era digital, hay que aventurarse a hacer la comunicación que queremos, con un correcto marco legal, está avanzando  y conviene darle paso analizando de qué profundidad es la huella que deja en la sociedad, al permitirle ser ese tejido en el que todo se desarrolle.

Nota y fotografía: Prensa Universidad de La Punta