Desde agosto del año pasado hasta hoy, el Gobierno de Macri debió despachar más de 66 mil dosis para la provincia, pero solo distribuyó cerca de 30 mil, dejando sin cobertura epidemiológica a bebés de 3, 5 y 15 meses y chicos de 11 años.
La ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, se reunió con sus pares de otras provincias y solicitaron al Gobierno nacional que se tome en cuenta el documento firmado por 19 gobernadores –incluido Alberto Rodríguez Saá por San Luis-, en donde muestran su preocupación por las medidas económicas de la Nación, ya que contemplan la utilización de manera inconstitucional de los fondos coparticipables, lo cual puede provocar una grave situación en algunas jurisdicciones. Además, los mandatarios provinciales pidieron que se revean esas disposiciones y se compensen las pérdidas o, ante una negativa, iniciarán acciones legales.
Defensa del Consumidor y Fiscalía de Estado preparan una presentación ante el Juzgado Federal de San Luis para reclamar contra el fuerte incremento del gas dispuesto por el Gobierno nacional.
Molestos con la situación, los usuarios compartieron en redes sociales videos en donde se observa como los inspectores del intendente Enrique Ponce los obligan a descender del colectivo. La Secretaría de Transporte se hizo eco de los reclamos y le solicitó a Ponce que garantice el normal funcionamiento del servicio.
El secretario de Transporte de la Provincia, Enrique Cabrera, se hizo eco de numerosas denuncias de usuarios, empresas y choferes y reclamó la urgente normalización.
El ministro de Gobierno, Justicia y Culto criticó y desafió al candidato de Avanzar y Cambiemos para que “represente a San Luis, defendiendo los intereses de la provincia y no los personales”.
Con la Ley de Promoción Industrial, la Provincia logró radicar más de 250 fábricas en suelo puntano y generar 20.000 puestos de trabajo anuales.
Los 13 ediles de la ciudad de Villa Mercedes aprobaron una declaración donde solicitan al Gobierno nacional que “con carácter de urgente se le devuelva a la Provincia de San Luis el dinero que se le adeuda referido al descuento inconstitucional que se le realizó a San Luis entre el 2006 y 2015”.
Con tres votos a favor y una abstención, aprobaron la declaración donde sientan posición frente esta problemática que afecta directamente a todos los puntanos.
Así lo manifestó la jefa comunal de Candelaria, Ana Dolly Glellel, quien participó del encuentro en Terrazas del Portezuelo con otros 60 intendentes y miembros del Gobierno provincial. En la ocasión se firmó un petitorio para que la Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Fue este lunes a través de un documento firmado en la Casa de Gobierno, donde reclamaron el reintegro de los fondos retenidos inconstitucionalmente por el Gobierno nacional, al mismo tiempo que solicitaron que se deje de discriminar a la Provincia de San Luis. “Estamos litigando ante el máximo tribunal del Estado nacional; seguiremos adelante para que nos reconozcan los $32.300 millones que nos debe la Nación”, anunció el fiscal de Estado, Eduardo Allende.
Tras el reclamo realizado por el Gobierno de San Luis ante el Banco Supervielle, en el cual le exige a la entidad a cesar en descuentos indebidos a los empleados públicos en sus cuentas de sueldos, los agentes de la administración pública dejaron sus opiniones en las redes sociales y mostraron su descontento con el accionar del banco.
La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo a través del cual demandó al Ministerio de Economía de la Nación mayor caudal de información para evaluar un reclamo de la provincia de San Luis. La información fue dada a conocer este martes por el diario El Cronista.
Ante la falta de respuesta a la petición formalizada el pasado 18 de marzo, el gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi, reiteró ante la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la solicitud de envío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $150 millones a la Provincia. De esa forma se busca financiar las erogaciones presupuestarias realizadas como consecuencia de las crecidas de los ríos por las intensas lluvias que tuvieron lugar a partir de principios de marzo.
