Había sido sancionada durante la gestión anterior para otorgar una especie de libertad anticipada a ciertos detenidos para que desarrollen proyectos productivos en el interior de San Luis. Era contraria a la normativa nacional y dejaba desdibujada la figura del juez de ejecución penal. Ya tenía media sanción de Diputados, por lo que se convirtió en ley.

El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, realizó un pormenorizado análisis del proyecto de derogación de la ley de parajes, argumentando que esta legislación permite a los condenados cumplir sus penas de manera impune, al margen del control de la justicia.