SEGURIDAD Y JUSTICIA

Coordinan acciones para fortalecer la prevención y la investigación de delitos rurales


Durante las reuniones se abordaron distintas problemáticas vinculadas con la comisión de delitos en zonas rurales, especialmente el abigeato y los circuitos de comercialización ilegal de carne.

La coordinación entre las instituciones apunta a unificar criterios de actuación y generar respuestas concretas frente al delito rural.

Autoridades del ministerio de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de San Luis llevaron adelante dos reuniones de trabajo con el objetivo de fortalecer la articulación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad frente a los delitos que se cometen en la ruralidad. La iniciativa busca establecer canales de comunicación directa entre fiscales y personal policial, optimizar los procedimientos y agilizar las respuestas ante cada hecho delictivo.

El primer encuentro se realizó en el edificio del ministerio de Seguridad, en Casa de Gobierno, y participaron la ministro de Seguridad, Nancy Sosa; el procurador general de la Provincia, doctor Eduardo Cadelago Filippi; el fiscal de la Fiscalía N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Villa Mercedes, Maximiliano Bazla; la fiscal de Instrucción Penal N°6 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en San Luis, Linda Maluf y el subjefe de la Policía, Javier Miranda. También estuvo presente Ignacio Nieto Guil, a cargo de la coordinación entre los Poderes e Instituciones que abordan la problemática, y de autoridades de la Brigada Rural, de la Unidad Regional de Orden Público N°1.

La segunda reunión se desarrolló en la localidad de Cortaderas y participaron la ministra de Seguridad, el procurador general de la Provincia, el subjefe de la Policía, el fiscal de Instrucción Penal N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial, César Salazar Molina, y autoridades de la Brigada Rural, de la Unidad Regional de Orden Público N°3 y del ministerio de Seguridad.

Estos encuentros se enmarcan en las designaciones de fiscales rurales dispuestas por el Procurador General y permitieron avanzar en la coordinación de acciones, el intercambio de información y la definición de modalidades de actuación conjunta. Los fiscales tendrán intervención en sus respectivas circunscripciones en los delitos rurales y conexos, fortaleciendo el vínculo operativo con la Policía, la Guardia Rural y la Policía Ambiental.

Durante las reuniones se abordaron distintas problemáticas vinculadas con la comisión de delitos en zonas rurales, especialmente el abigeato y los circuitos de comercialización ilegal de carne. En este sentido, se hizo hincapié en la necesidad de investigar no solamente el robo de animales, sino también las posibles conexiones con establecimientos y carnicerías que comercializan productos sin los controles bromatológicos correspondientes, con los riesgos que esto representa para la salud de la población. También se analizó el uso de las redes sociales como canales de promoción y venta ilegal de carne.

En esta misma línea, se abordó la necesidad de profundizar el análisis de delitos vinculados con la actividad rural, como la asociación ilícita, entendida como la posible participación coordinada de distintas personas en una cadena delictiva que puede incluir desde la sustracción de ganado y su faena clandestina hasta su posterior comercialización. Asimismo, se puso énfasis en investigar otros delitos conexos que pueden acompañar estos hechos, como daños a silobolsas, violación de domicilio y tenencia ilegal de armas de fuego. El objetivo es fortalecer el abordaje integral de estas situaciones, identificar a todos los actores involucrados y avanzar sobre las distintas modalidades delictivas que afectan a los productores rurales.

Otro de los puntos centrales fue la importancia de avanzar en el secuestro de los elementos utilizados para cometer estos delitos, entre ellos armas de fuego, armas blancas, vehículos y herramientas destinadas a la faena clandestina. El objetivo es desarticular las organizaciones y los circuitos que intervienen en estas actividades ilícitas, evitando que continúen operando.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer los procedimientos administrativos y de investigación. En ese marco, se buscará que las denuncias por delitos rurales sean abordadas directamente por la Brigada Rural, lo que permitirá agilizar las actuaciones policiales y facilitar la intervención coordinada con los fiscales correspondientes.

Esta modalidad de trabajo representa un avance en la articulación entre Seguridad y Justicia y se suma a las acciones que lleva adelante el Gobierno de San Luis para fortalecer la seguridad en la ruralidad, mediante capacitación del personal, incorporación de movilidad y tecnología, y un trabajo conjunto con las asociaciones rurales. La coordinación entre las instituciones apunta a unificar criterios de actuación y generar respuestas concretas frente al delito rural.



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