ÉTICA PÚBLICA
Con la Ley de Ejemplaridad, este año se extrajeron 2.720 muestras para realizar test toxicológicos
En 2025, se analizaron 1.909 muestras y ocho de ellas dieron positivo. Este año, la propuesta avanzó un 47% y alcanzó las 2.720 muestras, con 86 resultados positivos, de los cuáles 17 corresponden a sustancias ilegales. Se trata de un test de orina que es costeado por los funcionarios públicos mediante sus haberes y por el Estado en el caso del personal sanitario y de seguridad.
Este martes, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y el director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, explicaron cómo se ha aplicando la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en la lucha contra el narcotráfico. Amondarain, afirmó que esta política tiene como propósito fortalecer la transparencia y responsabilidad de las instituciones.
“Para todos nosotros hay un principio fundamental en el ejercicio de la función pública: la ejemplaridad. Quienes tenemos responsabilidades de Gobierno, administramos fondos públicos o tomamos decisiones que impactan en la vida de los ciudadanos, debemos estar a la altura de la confianza depositada“, sostuvo.
El funcionario remarcó la importancia efectuar exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública: “Creemos que no podemos exigir a los ciudadanos lo que nosotros no estamos dispuestos a cumplir. La coherencia empieza por casa y, quienes ejercemos responsabilidades de Gobierno, debemos ser los primeros en dar el ejemplo”.
Amondarain pautó que esta legislación consta de un principio básico: las reglas deben ser claras e iguales para todos, sin excepciones ni privilegios para nadie. “No estamos hablando de perseguir, estigmatizar ni señalar a nadie. Estos controles deben realizarse de manera objetiva con procedimientos transparentes y base técnica-profesional, respetando todos los derechos y garantías individuales de las personas”, indicó.
Por su parte, Fernández hizo un recuento de los procedimientos realizados y expuso los resultados obtenidos hasta la actualidad. Previo a eso, señaló un aspecto central de la política: “La congruencia que debe existir, cuando el Estado le dicta al vecino controles o normas de comportamiento, los primeros en dar cumplimiento son los funcionarios públicos”.
La ley, impulsada por el gobernador Claudio Poggi y sancionada en noviembre de 2024, ha sido ejecutada hasta la fecha de forma ininterrumpida. Se trata de exámenes obligatorios, presuntivos y aleatorios. “Es una normativa que no ha sido concebida para una persona en particular o para un grupo de personas. El carácter aleatorio lo da un sorteo público, es una selección discrecional”, apuntó.
El test para los funcionarios públicos es descontado de sus haberes a un valor de $27.500. En cambio, el costo para el análisis del personal de seguridad y salud es afrontado por el Estado, a fines de garantizar idoneidad de servicio.
“Quiero remarcar que San Luis ha sido una provincia pionera en este tipo de legislación. Tanto así que las provincias de Neuquén y Santa Fe han tomado como modelo, en sus proyectos de ley, cómo se ha operado y cuál ha sido la logística, sobre todo, de la toma de muestras que se realizan aquí”, postuló.
¿Cómo funciona?
Cada ámbito alcanzado tiene una autoridad de instrumentación, que está cargo de generar una nómina de funcionarios alcanzados (pertenecientes al poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial y demás dependencias). Los datos personales se encriptan en un ‘código hash’, de carácter alfanumérico, que blinda la identidad de la persona.
“Recordemos que son datos sensibles y de salud que están amparados por la Ley de Protección de Datos Personales. Una vez confeccionada esta nómina, se hace una compilación y tenemos una nómina general de todos los funcionarios alcanzados en la provincia”, dijo.
“En 2026, tenemos la particularidad de contar con personal dependiente de los ministerios de Seguridad y Salud. Una vez confeccionado el registro, sorteamos semanalmente a 500 personas, a través de la Caja Social y Financiera de la Provincia”, comentó.
Los miércoles se notifica a los funcionarios vía mail y WhatsApp, mientras que los jueves se llevan a cabo los exámenes toxicológicos. “Tenemos cerca de 12 a 18 horas, desde que se notifica hasta que efectivamente se toma la muestra, que es un análisis de orina”, detalló.
“La primera muestra nos va a indicar si hay una sustancia detectada por la normativa en el organismo de la persona. Es de carácter presuntivo, no nos permite identificar si hay adicción o un cuadro clínico“, pautó. “La segunda fracción hace al derecho que tiene una persona a la cual ha arrojado un resultado positivo de solicitar una revisión. Esto se denomina ‘muestra confirmatoria’, que es sobre la misma muestra ya que se almacena”, agregó.
Actualmente, son cuatro los puntos habilitados en el territorio provincial. En Villa Mercedes, el Hospital ‘Viceintendenta Verónica Bailone’, en la ciudad de San Luis el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis y el Hospital Pediátrico San Luis y en Juana Koslay, el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).
Datos consolidados al 22 de octubre del 2026
Se obtuvieron 2.720 muestras, que representan un 47% de avance en la meta propuesta. En total, fueron 86 las personas cuyos resultados resultaron positivos en alguna de las sustancias estipuladas reglamentariamente por la ley, lo cual refiere un 3.16% del muestreo tomado.
“Dentro de este universo, tenemos que diferenciar necesariamente aquellas que son sustancias ilegales”, acotó el Director. En el transcurso de este año, se detectaron 17 casos de consumo de sustancias ilegales, es decir, un 0.63%.
En comparación, en el 2025 se tomaron 1.909 muestras de las cuales 48 dieron resultado positivo y ocho de ellas se ligaron a drogas ilegales.
¿Qué sucede cuando el test da positivo?
Cuando se detecta un caso positivo, el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA) activa un abordaje integral, conducido por un equipo interdisciplinario de psicólogos, médicos y asistentes sociales. De este modo, se procede de forma pormenorizada en cada caso.
“Esto es importante porque nosotros nos valemos con el informe técnico de ellos para evaluar si hay adicción. Toda persona que tome contacto con estos datos, tiene la obligación de guardar reserva”, advirtió. “Detrás de cada positivo, tenemos que entender que hay una persona y, detrás de esa persona, puede haber una problemática”, observó.
