LEGISLATURA PROVINCIAL
Diputados dio media sanción a la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil
El proyecto adapta la legislación provincial a la nueva normativa nacional. La iniciativa establece procedimientos específicos para adolescentes de entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal, con especial atención a sus derechos, la protección de las víctimas y la reintegración social.
Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción por mayoría (27 a 10) al proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil de la provincia de San Luis, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que busca establecer los procedimientos judiciales para la aplicación de la Ley Nacional 27.801, que redujo la edad de imputabilidad penal a los 14 años.
La propuesta modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, incorporando disposiciones específicas para el tratamiento de adolescentes que entren en conflicto con la ley penal. El nuevo marco contempla garantías procesales, medidas alternativas a la privación de la libertad y mecanismos orientados a la responsabilidad por los hechos cometidos, la reparación del daño y la reintegración social.
Durante el debate en el recinto, la diputada Fabiana Zárate explicó que, si bien el Congreso de la Nación tiene la facultad de dictar las normas penales de fondo, corresponde a las provincias establecer los procedimientos para su aplicación. Por ese motivo, sostuvo que a partir de la sanción de la nueva legislación nacional “es obligación de las provincias adecuar sus códigos de procedimiento”.
La legisladora también destacó que más allá de las diferentes posturas sobre la reducción de la edad de imputabilidad existe un punto de coincidencia respecto de la necesidad de revisar y actualizar integralmente el régimen penal juvenil, cuya legislación anterior tenía origen en 1980 y no había experimentado modificaciones sustanciales durante la democracia.
En ese sentido, remarcó la importancia de que el nuevo marco normativo respete las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de la libertad debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible.
La iniciativa incorpora al Código Procesal Penal provincial un régimen específico para adolescentes de 14 a 18 años, con procedimientos adecuados a su edad, grado de desarrollo y situación personal.
Entre sus disposiciones, establece que los adolescentes deberán contar con asistencia especializada durante el proceso judicial, garantizar su derecho a ser escuchados y recibir información comprensible sobre las actuaciones que los involucren. También contempla la utilización de Cámara Gesell para determinadas declaraciones y medidas destinadas a proteger su identidad y privacidad.
Asimismo, incorpora herramientas procesales como el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado, que permiten abordar los conflictos mediante distintas alternativas previstas por la legislación.
El proyecto también establece medidas y penas que van desde la amonestación, la prohibición de contacto con determinadas personas o de concurrir a ciertos lugares, hasta la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño a la víctima.
En relación con la privación de la libertad, dispone que los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y bajo la supervisión de personal capacitado. Las medidas de coerción deberán ser excepcionales, proporcionales, revisables y aplicarse durante el menor tiempo necesario.
Al referirse a estas disposiciones, Zárate destacó la responsabilidad que tendrán los operadores judiciales en la aplicación del nuevo régimen, procurando “no solo atender a la punición de los hechos y la reparación de la víctima, sino también a la protección de los adolescentes que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal”.
La diputada también puso el acento en el carácter socioeducativo de las medidas y en los principios de la justicia restaurativa, que buscan que los adolescentes comprendan las consecuencias de sus actos, asuman su responsabilidad y puedan reintegrarse a la sociedad.
El tratamiento legislativo estuvo precedido por un plenario sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para dialogar y articular los cambios legales derivados de la nueva legislación nacional.
La jornada, de la que participó el gobernador Poggi, estuvo organizada en cuatro paneles en los que disertaron funcionarios, legisladores, magistrados y representantes de los ministerios públicos, quienes abordaron las garantías de los adolescentes, los procedimientos judiciales, las medidas alternativas a la privación de la libertad y los desafíos de su implementación en la provincia.
La articulación entre los distintos poderes permitió avanzar en una propuesta que contempla tanto las modificaciones legales como las condiciones necesarias para su aplicación, incluyendo infraestructura adecuada, formación de personal especializado y coordinación entre los organismos intervinientes.
Durante ese encuentro, el gobernador firmó el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara Baja y pasa ahora al Senado, junto con otras medidas vinculadas a la adecuación de las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y la adquisición de vehículos destinados a estas dependencias.
