RÉGIMEN PENAL JUVENIL
Con la articulación de los tres poderes, San Luis sigue avanzando en su implementación
El gobernador Claudio Poggi firmó este jueves el proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, el decreto de homologación de contrato para la refacción de la CANAF y el llamado a licitación para la compra de seis vehículos no identificables para la misma institución.
Este jueves, el gobernador Claudio Poggi participó del plenario sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil que convocó a los tres poderes del Estado para dialogar y articular los cambios legales que han surgido a raíz de la baja a la imputabilidad a nivel nacional. La actividad estuvo dividida en cuatro paneles en los que disertaron diferentes representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En la jornada de trabajo, el Mandatario también firmó el proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil de la provincia y otros dos decretos para la refacción y el llamado a licitación para la adquisición de vehículos no identificables para los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).
Al inicio, Poggi brindó unas palabras de bienvenida y resaltó la importancia de la realización de este tipo reuniones de trabajo en la que se vinculen todas las piezas del Estado. “Todos somos parte del Estado y nuestro deber de servidores públicos nos obliga casi a articular acciones, sobre todo con institutos, con legislaciones nuevas como esta, que nos rigen en todo el país y en San Luis también”, expresó.
Al mismo tiempo, Poggi enfatizó que la “articulación sin alterar la independencia de los poderes es algo que la ciudadanía nos exige. Aportar toda la voluntad política para que este nuevo régimen comience bien. Esto es nuevo para todos y debemos estar a la altura de las circunstancias”.
Señaló que la Provincia avanzará en una iniciativa legislativa para adecuar los procedimientos al nuevo marco normativo. También anunció obras de refacción y puesta en valor en los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), la adquisición de vehículos destinados a estos dispositivos y el inicio de instancias de formación para los equipos involucrados.
Seguidamente, el primer panel, encabezado por procurador General de la provincia, Eduardo Cadelago Filippi, y la defensora General de la Provincia, Marcela Torres Cappiello, abordó aspectos claves de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil.
En este sentido, Cadelago Filippi señaló que el nuevo régimen “no es solamente decir, vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores, sino sobre todo, viene a otorgarle también derechos a esos menores. Sí tienen un conflicto se establece cómo ser tratado, cuáles son las medidas que se tienen que tomar con ellos, cuáles son los plazos, cuáles son los principios que los regulan”.
En sintonía, destacó que el Ministerio Público Fiscal “ante la sanción o la entrada en vigor del régimen penal juvenil, promulgó un protocolo de actuación para estos casos, qué receta, básicamente, cuáles son las cuestiones exigidas por el régimen penal juvenil, y que pone en manifiesto cómo va a ser la actuación de los fiscales en los casos”.
Por su parte, Cappiello puso énfasis en el rol de los defensores para garantizar los derechos de los menores. “Cuando no hay defensa privada, hay obligación legal de representar la defensa técnica, sumada a las defensorías de niñez, que también forman parte de la defensa pública. Defensa que ayuda a que se sustancie un debido proceso, que es la única manera de llegar de esa manera a un juicio justo”, explicó, y agregó que “hay principios enormes que cumplir, y las garantías que tienen los niños, tienen que ver con una especial protección más allá de los adultos”.
De esta manera, se refirió al principio de especificidad, el cual “hace que el derecho penal adolescente cuente con instituciones específicas o con alguna flexibilización en la aplicación de las normas, justamente teniendo en miras que a quien se está juzgando es una persona que todavía no termina de desarrollarse desde el punto de vista cognitivo, del neurodesarrollo”.
A su vez, subrayó que la nueva ley y “nuestro código de procedimiento penal hablan también de los principios de responsabilidad por el acto de cada uno de los adolescentes, de la integración social. En general, son niños que no han estado integrados completamente nunca a la sociedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ha de ser el eje que ha de guiar la intervención de todos los actores, no solo en el proceso penal, sino en en la continuidad y en el seguimiento de las medidas que surgen a través de ese proceso”.
Por otro lado, el segundo panel estuvo liderado por la jueza Penal Juvenil y Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial, María Antonela Panero; el juez de Familia Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil Nº2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Carlos Orozco; la jueza provisoria del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil Nº1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Jesuana Barrios y la jueza Penal Juvenil y Contravencional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, Daniela Benenatti.
En las disertaciones Panero precisó que “este nuevo modelo trae aparejada responsabilidad penal que respete de manera estricta sus derechos, las garantías y su condición de persona en estado de desarrollo. Este nuevo paradigma implica un cambio en la visión estructural, y no hablamos del adolescente en conflicto con la ley penal como un objeto de tutela solamente, y como desamparo, sino como un sujeto de derechos”.
Posteriormente, se hizo hincapié en el papel en la importancia de trabajar con una mirada restauradora, de reinserción y de reparación, teniendo en cuenta siempre la situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar los adolescentes. “Una ley que baja la edad de punibilidad a partir de los 14 años, pero también nos da muchas herramientas. Entre ellas, establece una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, que la misma ley establece como última opción”, señaló Benenatti.
El tercer panel estuvo a cargo de la diputada provincial, Fabiana Zárate, y de la secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza. En él, se detallaron algunos de los puntos que se abordan en el proyecto de ley. En este contexto, Carranza puntualizó que “este proyecto no busca volver a explicar el régimen nacional, sino establecer cómo lo vamos a aplicar en San Luis”.
Asimismo, comentó que “se establece que los adolescentes deben contar con una defensa, ser escuchados y comprender lo que sucede durante el proceso. También busca evitar demoras innecesarias y que las medidas que se adopten sean adecuadas a cada situación”.
En suma, indicó que “las medidas que se adopten deben ser necesarias y adecuadas a cada situación, evitando restricciones mayores a las que correspondan. Por eso, la privación de la libertad debe ser excepcional”.
En definitiva, aseguró que “buscamos que San Luis cuente con un procedimiento claro y adaptado a la realidad de los adolescentes, que permita determinar responsabilidades, proteger a las víctimas, respetar las garantías y aplicar medidas adecuadas a cada caso”.
En el último panel participaron el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini y la ministro de Seguridad, Nancy Sosa. Este apartado se centró en la articulación entre las distintas áreas del Estado.
Bertolini comentó las acciones que llevará adelante la cartera de Desarrollo Humano. “El Régimen Penal Juvenil está centrado, básicamente, en la ley de los derechos del niño y en la convención, y, entonces, tenemos que buscar la manera de articular mecanismos que resguarden estos derechos durante todo el proceso”, explicó.
Afirmó que “el ingreso al sistema penal no suspende los derechos”, por lo que se prevé garantizar el derecho a la educación, a la salud, a los vínculos familiares, a los vínculos comunitarios, y a poder construir un proyecto de vida alejado del delito.
“El ministerio de Desarrollo Humano y el ministerio de Seguridad tenemos que trabajar indefectiblemente en conjunto para poder llevar adelante todo este proceso y en ningún momento dejar de trabajar, sobre todo en el ámbito familiar, que va a ser el lugar a donde vamos a apuntar a que ese menor se reinserte como principal objetivo”, manifestó, y enfatizó que “tenemos que tener en claro que el egreso se debe empezar a trabajar desde el primer día”
Como cierre, Bertolini remarcó que la implementación del nuevo régimen “tiene que ser un trabajo articulado con todos los actores que vamos a estar involucrados, desde la Justicia, desde los ministerios públicos (fiscal y de defensa), del Ejecutivo y el poder Legislativo, para que esto se pueda lograr”.
Refaccionarán los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF)
La ministro Sosa, por su lado, informó que como parte de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, es necesario adaptar la infraestructura existente. “Vamos a tomar tres edificios que justamente coinciden con las circunscripciones judiciales, San Luis, Villa Mercedes y Concarán para intervenir y hacer una adecuación edilicia. Consiste en modificar la estructura y hacer una reconversión de las celdas en habitaciones”. Además, se crearán espacios para que sean utilizados por los equipos técnicos de Desarrollo Humano, personal de asistencia social y psicólogos de la CANAF.
Por otro lado, la funcionaria comentó que también se realizará una inversión importante en la movilidad. Se trata de seis vehículos que se destinarán a cada una de las dependencias de la CANAF: San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco/Quines y Villa de Merlo. “Estos vehículos no son el patrullero convencional, pero, por supuesto, deben contar con medidas de seguridad, tanto para quienes van a ser trasladados como quienes los trasladan, y esto es contar con un vehículo no identificable desde lo convencional”, dijo.
“Va a tener, por supuesto, los vidrios anti vandálicos para evitar cualquier situación que se pueda presentar dentro del vehículo, y un sistema de monitoreo y posicionamiento, el cual va a estar conectado directamente con el despacho policial en el 911 para cualquier trazabilidad necesaria, que también así lo requiera la Justicia”, expresó.
Capacitación para el personal policial
La ministro anunció que la especialización en el abordaje, en la aplicación y los alcances de la Ley Penal Juvenil va a ser un requerimiento para todo el personal de la CANAF. “En este programa están incluidos quienes están llevando adelante esta tarea, porque nos parece fundamental recibir de primera mano los conceptos esenciales para el funcionamiento. Va a tener una carga horaria de 100 horas reloj, y estará comenzando de marzo a mayo del año 2027”.
A su vez, compartió: “Hicimos una adecuación a los programas de formación continua dentro del Instituto Superior de Seguridad Pública para sumar horas de especialidad a quienes se están formando como agentes de policía o como subayudantes penitenciarios. Es decir, esto se suma en la formación general para ya ir detectando posibles perfiles que van a estar trabajando para sumar recursos humanos en CANAF y para sumar recursos humanos en lo que hace a penal juvenil en el servicio penitenciario”.
Para el 2027 se proyecta la obra del Instituto Penal de Alojamiento Juvenil
Será un edificio ubicado en un sector perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, pero que contará con un ingreso independiente y “de acuerdo, por supuesto, a todas las normativas que están establecidas mediante las convenciones y que prevé la ley”.
En síntesis mencionó: “Esto no es decir, ‘vamos a encerrar jóvenes o adolescentes’. Me parece que la provincia debe contar con un lugar adecuado para tal fin y no terminar enviando a los menores a otras provincias”.
