Diputados dio media sanción al Plan Maestro del Agua

La iniciativa establece las acciones para los próximos diez años en materia de gestión del recurso hídrico. Fue elaborada con el aporte técnico del Consejo Federal de Inversiones y la participación de municipios, instituciones y sectores productivos. Ahora será tratada por el Senado.

La iniciativa fue aprobada por votación mayoritaria.

Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción por mayoría (24 a 11) al proyecto de ley del Plan Maestro del Agua 2025-2035, enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi. La propuesta busca planificar el uso y la administración del agua para acompañar el crecimiento poblacional y productivo de San Luis.

La diputada Eugenia Gallardo fue la encargada de fundamentar la iniciativa en el recinto. “Es un proyecto de gestión que traza un rumbo hacia el futuro de la provincia de San Luis respecto de un recurso que se agota, un recurso fundamental y estratégico para el crecimiento y el desarrollo de la provincia”, expresó.

La legisladora destacó que contar con una planificación aporta seguridad jurídica, previsibilidad, transparencia y continuidad. Además, explicó que permite a las empresas que proyectan invertir en San Luis conocer las líneas de trabajo vinculadas con la disponibilidad y el uso del agua. “Es una importante herramienta de gestión porque trasciende las gestiones gubernamentales”, sostuvo.

El plan fue elaborado con el aporte técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante su formulación se desarrollaron 65 encuentros territoriales, más de 200 entrevistas y talleres participativos. Intervinieron municipios y organismos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Gallardo explicó que el trabajo comenzó con un diagnóstico para conocer la disponibilidad de agua y las necesidades de los distintos sectores. Analizaron las precipitaciones, el agua almacenada en los embalses, los recursos subterráneos y la demanda para consumo doméstico, ganadero, agrícola e industrial.

“Sabemos que el 20% de este consumo es poblacional y que el 80% del consumo va a fines productivos”, señaló. En ese marco, la diputada remarcó la importancia de administrar de manera eficiente el recurso en una provincia con clima árido y semiárido.

Respecto de la infraestructura, Gallardo detalló que San Luis cuenta con 20 diques con una capacidad conjunta de 470 hectómetros cúbicos, 4.400 kilómetros de acueductos y 700 kilómetros de canales. Entre las necesidades identificadas, la legisladora mencionó el mantenimiento de esa red, la incorporación de instrumentos para medir la entrada y salida de agua y un mayor control de las perforaciones y los consumos.

La propuesta aprobada organiza el trabajo en cuatro líneas: garantizar el agua para las comunidades urbanas, promover el uso sostenible de los recursos superficiales y subterráneos para la producción, proteger las cuencas y fortalecer la gestión hídrica.

Entre las acciones previstas, Gallardo mencionó la modernización de los sistemas de canales de los consorcios Quines-Candelaria y Renca-Santa Rosa. También destacó la actualización de los estudios que permiten conocer la profundidad y capacidad de almacenamiento de los embalses, que deberán repetirse cada cinco años.

Durante la elaboración del plan, el Gobierno provincial avanzó con la compra de equipamiento y la incorporación de herramientas de medición. Una de esas acciones fue la instalación de once nuevas estaciones pluviográficas, en un trabajo coordinado con la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), para medir las precipitaciones y mejorar la gestión operativa de los embalses.

En consonancia con los objetivos del Plan Maestro del Agua, el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobernador propone la jerarquización constitucional del agua como derecho humano y recurso estratégico. Su administración quedaría a cargo de un funcionario técnico con acreditada idoneidad, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y con un mandato de cinco años.