LEGISLATURA PROVINCIAL
Diputados dio media sanción al proyecto de Desendeudamiento Familiar
La iniciativa enviada por el gobernador Claudio Poggi busca aliviar los compromisos financieros de las familias sanluiseñas mediante planes de refinanciación de deudas en condiciones más ventajosas y promover el consumo local.
Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción por mayoría (30 a 9) al proyecto de ley de Desendeudamiento Familiar enviado por el Poder Ejecutivo. La propuesta prevé exenciones de impuestos provinciales para que las entidades financieras ofrezcan planes de regularización de deudas con mejores tasas de interés y plazos de pago. También contempla incentivos para impulsar promociones, descuentos y reintegros en los comercios de San Luis.
La diputada Eugenia Gallardo destacó que se trata de una propuesta novedosa que busca hacer frente a una realidad que atraviesa la provincia y todo el país. “Creo que es una realidad que afecta a todas las familias sanluiseñas, sean trabajadores del sector público nacional, provincial o municipal, del sector privado, trabajadores independientes y jubilados. Es una problemática que está presente hoy en San Luis: el endeudamiento”, dijo.
La legisladora explicó que la iniciativa surgió de un trabajo previo del gobierno de Claudio Poggi con entidades financieras provinciales y detalló que el martes la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía se reunió con representantes de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Luis (APUNSL), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), el Centro de Almaceneros de San Luis, la Cámara de Comercio de San Luis y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para analizar el proyecto y que “hubo una aprobación de la mayoría de los presentes”.
Durante el debate, el diputado Nicolás González Ferro señaló que a nivel nacional la mora en la cartera de créditos a los hogares alcanzó el 17,5% y que, según un informe del Banco Central, el pago de las deudas absorbe cerca de una cuarta parte del salario mensual de los trabajadores. “Esta situación no responde al financiamiento de bienes durables o de inversión, sino a la cobertura de gastos corrientes de subsistencia, como alimentos, servicios públicos y alquileres”, sostuvo.
Este programa permitirá que quienes registren compromisos financieros en situación de mora puedan reorganizar su economía doméstica mediante la consolidación de sus deudas, ya sea que provengan de préstamos personales, tarjetas de crédito u otras asistencias crediticias. Comprende a entidades bancarias, proveedoras no financieras de crédito, empresas de tecnología financiera y otras entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.
Gallardo precisó que estarán alcanzadas las deudas con una mora superior a tres meses al momento de la sanción de la ley y que los deudores deberán tener domicilio en San Luis con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años.
Los planes deberán contemplar un plazo de amortización no menor a 24 meses y un período de gracia de al menos dos meses. La tasa nominal anual no podrá superar en más de 10 puntos porcentuales a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), y la cuota no podrá exceder el 30% de los ingresos del grupo familiar. Tampoco podrán cobrarse gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales por el otorgamiento de la refinanciación.
Además, como condición previa para acceder a los beneficios del programa de desendeudamiento, las entidades deberán comprometerse a implementar programas gratuitos de formación y capacitación orientados a la planificación de las finanzas familiares y la prevención del sobreendeudamiento.
Gallardo también explicó que se podrán consolidar deudas provenientes de distintas entidades. A pedido de UPCN, el despacho aprobado durante la sesión incorporó la posibilidad de incluir compromisos pendientes por servicios públicos de competencia provincial, de acuerdo con lo que determine la reglamentación. Como ejemplo, la legisladora mencionó las deudas con EDESAL.
Para promover estas condiciones, el proyecto faculta al Ejecutivo a eximir del pago de Ingresos Brutos y Sellos a las operaciones vinculadas con los planes de refinanciación. El beneficio tributario a las entidades crediticias deberá traducirse en ventajas para las familias.
Sobre este punto, el diputado González Ferro sostuvo que “las exenciones impositivas a los planes de refinanciamiento actúan, en la práctica, como un mecanismo de inversión pública indirecta a favor de los ciudadanos deudores”.
“Este proyecto es una respuesta pertinente y tiene además un efecto multiplicador. No solo beneficiará a las familias afectadas por este ahogo financiero, sino que también derramará al resto de la economía, particularmente a los comercios, al mejorar el ingreso disponible para el consumo de las familias”, dijo el legislador.
En cuanto al incentivo al consumo familiar, las entidades que adhieran al programa de desendeudamiento podrán presentar planes de estímulo al consumo local mediante descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades de beneficios. A cambio, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del importe efectivamente otorgado a los usuarios.
González Ferro explicó que la disminución de las cuotas permitirá recuperar una parte del ingreso familiar que podrá destinarse a bienes de consumo y servicios de primera necesidad en los comercios de cercanía. “Este esquema articula la responsabilidad corporativa del sector financiero con el fomento del comercio local, activando un mecanismo que transforma el pasivo que afecta a las familias en un motor de reactivación económica para la provincia”, afirmó.
Al cierre del debate, Gallardo destacó la decisión del Gobierno provincial de abordar esta problemática para resolver y llevarles alivio a las familias. “Es un tema que el Poder Ejecutivo tomó y se ocupó, y no muchas provincias se están ocupando de esta problemática”, expresó.
