SALUD PÚBLICA
La Provincia demandó a la obra social IOMA por una deuda que roza los $500 millones
La dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) inició acciones legales contra su par de la provincia de Buenos Aires. Pese a reiteradas intimaciones y al cobro de cápitas congeladas en $35 desde 2001, la gestión puntana remarcó que mantendrá la cobertura a los más de 400 afiliados bonaerenses radicados en la provincia.
El Gobierno de la provincia de San Luis, a través de la Fiscalía de Estado y en coordinación con la dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP), promovió una demanda judicial que tramita en la Justicia Federal contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires.
La acción legal busca recuperar las acreencias acumuladas desde 2017 por prestaciones brindadas a afiliados bonaerenses residentes en territorio sanluiseño, un pasivo que asciende a $485 millones, que incluyen intereses moratorios compensatorios y las costas del proceso. “Esto, una vez que avance el juicio, puede llegar a ser un importe mayor”, consideró la ministra de Salud, Teresa Nigra, en una conferencia de prensa brindada este lunes.
Durante el contacto con los medios, Nigra explicó que el origen del conflicto deviene de un convenio de reciprocidad suscrito en 2001 en el contexto del Consejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina (COSPRA), mediante el cual se fijó una cápita mensual de $35 por afiliado y, a partir de allí, nunca se actualizó. La Ministra dijo que, aunque en 2017 se acordó migrar a un sistema de pago por prestación efectivizada, el organismo bonaerense continuó girando la suma histórica sin actualización alguna, generando un descalce financiero sostenido para la obra social puntana.
Nigra detalló la disparidad del padrón entre ambas jurisdicciones: “En la actualidad, en la provincia, hay 425 afiliados de IOMA que residen en San Luis, mientras que 24 afiliados de DOSEP residen en la provincia de Buenos Aires“.
Precisó que la demanda responde a una decisión conjunta con la Fiscalía de Estado tras agotar todos los reclamos administrativos. “Se han hecho numerosos llamados a través de la obra social DOSEP a IOMA sin ninguna respuesta, por lo cual se decidió iniciar esta demanda”, sostuvo.
Asimismo, la titular de la cartera de Salud enfatizó la impronta humanitaria de la medida al aclarar que, “a pesar de que el IOMA no transfiere los aportes de sus afiliados, la Provincia nunca dejó de realizar las prestaciones, nunca las cortó“, y agregó que la intención final es “recuperar los importes gastados o invertidos por la obra social en las prestaciones a estos afiliados”.
Ante la consulta sobre cuánto paga DOSEP por afiliado a IOMA, la directora de DOSEP, Juliana Gatica, explicó: “Se compensa la deuda de IOMA contra la de DOSEP que, por la proporción que tenemos de afiliados, siempre la deuda es a favor nuestro”.
El secretario de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, Javier Suárez Ortiz, quien también participó de la conferencia, fundamentó el encuadre legal de la presentación ante la Justicia Federal e indicó que el reclamo abarca más de 13.000 prestaciones médicas, bioquímicas y farmacéuticas que fueron costeadas por DOSEP a lo largo de los años.
“Tengamos en cuenta que las obras sociales de los estados provinciales tienen desde 2001 acuerdos entre ellas con el fin de brindar cobertura de los afiliados que residen en sus provincias. En este caso estamos hablando de más de 400 afiliados que pertenecen a la obra social IOMA que residen en la provincia de San Luis”, dijo.
Suárez Ortiz remarcó la falta de voluntad de pago por parte de las autoridades bonaerenses al manifestar que “IOMA solo ha abonado $1.500.000″ del total adeudado. El funcionario explicó que el atraso arancelario “genera un enorme desequilibrio que, de alguna manera, DOSEP ha ido cubriendo en favor del patrimonio de IOMA y en desmedro de su propio patrimonio”. Y remarcó que el valor de $35 fijado hace 25 años “nunca se actualizó, lo que claramente genera un enorme desequilibrio”.
En relación a los trámites previos a la judicialización, el Secretario detalló las gestiones infructuosas realizadas en el último tiempo. “En los últimos seis meses hemos enviado seis intimaciones fehacientes por carta documento recibidas por IOMA, donde se plantea no solo la rescisión contractual, sino el reclamo del cobro, y ninguna ha sido respondida”, afirmó Suárez Ortiz.
A pesar de que en julio de 2025 DOSEP notificó la rescisión unilateral del convenio a raíz de los incumplimientos sistemáticos, desde el Ejecutivo provincial ratificaron que los servicios sanitarios para los residentes bonaerenses en San Luis no sufrirán interrupciones mientras tramite el proceso legal. “Pero claramente existe un evidente perjuicio al patrimonio del Estado provincial y también, por supuesto, a DOSEP al haber un evidente desequilibrio entre lo que IOMA le paga a la obra social DOSEP por las prestaciones que realiza”, reiteró.
