BALANCE 2025
Un año legislativo de mucho trabajo, con sanciones clave para mejorar el servicio de Justicia
Durante el período ordinario de sesiones, diputados y senadores dieron su apoyo a iniciativas del Ejecutivo, entre las que se contaron la ley que combate la mora judicial, el acortamiento de la feria judicial, la derogación de la Ley de Desfederalización en causas de narcomenudeo, la Ley de Emergencia habitacional y la que protege los activos digitales de los tres poderes del Estado.
El 2025 fue un año ‘movido’ en materia legislativa. El gobernador Claudio Poggi había prometido en su mensaje del 1° de abril ante ambas cámaras, elevar varios proyectos de ley referidos a cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Justicia y cumplió con creces.
Entre los objetivos prioritarios de su gestión, el Primer Mandatario se propuso mejorar los tiempos de respuesta de la Justicia, lo que recibió el beneplácito de una sociedad que necesita dirimir los pleitos con mayor celeridad.
Por eso se enfocó en combatir la mora judicial y se embarcó en un proyecto para acortar la feria judicial, tanto en enero como en julio. A pesar que se encontró con fuertes resistencias, contó con el apoyo de diputados y senadores para obtener una ley que modifica esos plazos sin avanzar sobre derechos adquiridos en materia de vacaciones del personal.
En otros casos, lo que Poggi buscó fue terminar con leyes aprobadas en la gestión anterior que demostraron no ser efectivas, como la de desfederalización de causas por narcomenudeo o la Ley de Parajes, dictada a medida de algún exfuncionario que de todos modos no logró eludir el peso de la Justicia sobre su accionar y que ya había sido derogada en 2024.
También buscó darles más herramientas a los jueces para evitar la famosa ‘puerta giratoria’, representada en el hecho de que un delincuente podía entrar y salir de prisión sin mayores consecuencias. Por eso, también en 2024, logró aprobar la Ley de Reiterancia, que castiga con penas más duras a quienes incurren una y otra vez en delitos.
Finalmente, el año que se va fue pródigo en solucionar dos cuestiones que hacen a la propiedad privada y a la defensa de los bienes del Estado. Por un lado, el Gobernador impulsó la Emergencia Habitacional, que direcciona buena parte del presupuesto a la construcción de viviendas sociales, uno de los pilares históricos de su gestión –tanto la actual como la del período 2011/2015- y por otro, consiguió que la Legislatura sancionara la Ley de Activos Digitales para proteger las cuentas y redes del Gobierno y que no se pierdan en manos privadas ávidas de su explotación ante un cambio de gobierno.
Este informe se centra en una breve explicación de cada una de las leyes aprobadas en el transcurso de 2025 y que apuntan a hacer una sociedad mejor, más justa, que reciba las respuestas adecuadas en tiempo y forma de parte de tribunales, jueces y fiscales, que termine con las trabas burocráticas, que transparenten los destinos de los dineros públicos y que protejan los bienes del Estado de las apetencias de aquellos que quieren hacer negocios espurios.
Mora judicial
El 5 de agosto pasado el Senado provincial convirtió en ley el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que busca combatir las demoras en la Justicia. La iniciativa se elaboró tras una serie de reuniones con los Colegios de Abogados de San Luis, Villa Mercedes y la Tercera Circunscripción Judicial, además del Colegio Forense.
El objetivo central del proyecto es garantizar el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable, un principio constitucional que hoy muchas veces se ve vulnerado por las demoras en los procesos judiciales. Uno de los cambios más importantes de la reforma es que los plazos para dictar resoluciones judiciales comenzarán a correr de forma automática, sin necesidad de pasos intermedios o notificaciones adicionales.
También se modificó el artículo que regula el retardo de justicia. A partir de ahora, si un juez no puede dictar sentencia dentro de los plazos establecidos, deberá comunicarlo con al menos 10 días de anticipación al Superior Tribunal de Justicia, que podrá conceder una única prórroga de hasta 15 días.
Feria judicial
Una ley relacionada con el funcionamiento de la Justicia que dio que hablar e incluso tuvo eco en medio nacionales. Es la que acorta el plazo en el que rige la feria judicial. Fue la Cámara de Diputados, con un resultado contundente de 27 a 0, quien le dio sanción definitiva el 12 de noviembre.
El proyecto, que fue enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, establece un receso de dos semanas en enero y una semana a mitad del año judicial, con fechas que fijará el Superior Tribunal de Justicia. La norma establece que durante esos periodos no correrán los plazos procesales y se garantizará la atención de los asuntos urgentes mediante magistrados y funcionarios designados.
Es importante tener en cuenta que comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de 2026, otorgando un año de adecuación al sistema judicial y al ejercicio profesional de los abogados.
Ley de Desfederalización
Una de las políticas centrales que estableció el gobernador Claudio Poggi está dirigida a la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. En ese marco es que impulsó la derogación de la Ley de Desfederalización, una norma que hizo aprobar la gestión anterior y que ponía la responsabilidad de investigar casos de narcotráfico de pequeña escala (como la venta, entrega o suministro de estupefacientes en pequeñas dosis) en los jueces provinciales. Era una medida que no había funcionado en otras jurisdicciones y además nunca había sido reglamentada en San Luis.
Fue la Cámara de Diputados la encargada de terminar con esta política errónea el 20 de agosto pasado, con una votación que terminó 24 a 12 a favor de la derogación. Según estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), este sistema provocó un aumento de causas por tenencia simple y consumo personal, debilitando al mismo tiempo la persecución de delitos complejos vinculados al narcotráfico.
La ley llevaba un año suspendida, por decisión del propio Poggi cuando asumió en diciembre de 2023. Lo que reafirmó la necesidad de su derogación definitiva fue que durante ese período San Luis logró avances en la lucha contra el narcotráfico a través del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales, y la intervención de la Justicia Federal, que cuenta con mayor especialización en la investigación de delitos complejos.
Emergencia habitacional
Una semana antes de la derogación de la Ley de Desfederalización de causas por narcomenudeo, la Cámara Baja había aprobado por unanimidad (35 a 0) la ley que decretó la emergencia habitacional, que permite al Gobierno provincial destinar el 50% de los recursos dirigidos a la obra pública a la construcción de casas, asegurando un respaldo financiero a esta política.
La ley impulsó también la creación de una secretaría de Estado de Política Habitacional, que jerarquizó la dirección de Viviendas sin generar gastos adicionales, ya que se reorganizó el personal existente. Se hará un censo exhaustivo de todas las tierras fiscales -nacionales, provinciales y municipales- para conformar un banco actualizado que permita conocer con precisión con qué terrenos cuenta la provincia.
Con esta herramienta legal, el Gobierno podrá cumplir las expectativas que generó con el plan de viviendas ‘Tenemos Futuro’, que ya está en marcha en varias localidades, priorizando la compra de materiales producidos en San Luis para fortalecer la economía local y fomentar la creación de empleo genuino.
Activos digitales
Desde el 11 de noviembre, San Luis cuenta con una ley que regula el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales del Estado provincial. Fue el Senado el que dio la sanción definitiva, luego de que la Cámara de Diputados introdujera algunos cambios al proyecto original, que como todos los que contiene este informe fueron impulsados por el Poder Ejecutivo.
Tras haber recibido el gobierno sin una transición ordenada, ni informes de gestión, ni ningún tipo de comunicación o rendición de cuentas de parte de la gestión anterior, esta norma forma parte de un paquete de medidas pensado para instalar mecanismos institucionales que aseguren que los procesos de cambio de mando sean a partir de ahora ordenados, transparentes y responsables. El gobernador Poggi tomó la decisión debido a que al asumir la primera magistratura constató la pérdida, eliminación o uso indebido de más de la mitad de las cuentas oficiales generadas a lo largo de los años.
La ley abarca a los tres poderes, organismos centralizados y descentralizados, e incluye cuentas institucionales oficiales, redes sociales, dominios web, correos electrónicos, credenciales digitales, accesos a servidores y otros bienes digitales del Estado. El proyecto contó con aportes académicos de la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y de la secretaría de Comunicación del Gobierno provincial.
