LEGISLATURA PROVINCIAL
Aprobaron el convenio de seguridad entre San Luis, Mendoza y San Juan
La propuesta coordina operativos entre las tres provincias, integra los sistemas de vigilancia y ordena el uso de información compartida para reforzar la respuesta frente a hechos delictivos que cruzan las fronteras.
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que ratifica el Convenio de Colaboración Interjurisdiccional firmado entre los gobiernos de San Luis, Mendoza y San Juan.
El acuerdo fue suscripto el 31 de mayo de 2024 por los gobernadores Claudio Poggi, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego, con el fin de fortalecer la seguridad pública regional mediante acciones coordinadas frente a delitos que trascienden las fronteras provinciales. Con la sanción definitiva, el proyecto queda habilitado para su implementación, ya que la Constitución de nuestra provincia exige la aprobación legislativa para este tipo de convenios.
La diputada Gabriela Mancilla, miembro informante, destacó que las provincias ya venían desarrollando reuniones y acciones conjuntas desde la firma del convenio, tanto a nivel nacional como regional. Además, el pasado 14 del corriente mes, en la X Reunión Plenaria del Parlamento de Cuyo realizada en el Palacio Legislativo de San Luis, el tema volvió a ser uno de los puntos centrales abordados por los legisladores y tres representantes de los ministerios de Seguridad.
Mancilla explicó los alcances del proyecto y destacó que se trata de una herramienta más dentro de la política provincial y nacional de seguridad regional. Señaló que el convenio “reconoce la necesidad de cooperación entre provincias limítrofes” para abordar con mayor eficacia los problemas que afectan a toda la región cuyana.
La legisladora remarcó que el acuerdo “adopta un enfoque integral, al combinar medidas de prevención, disuasión, persecución y represión” con el objetivo de reducir los índices delictivos y enfrentar las causas subyacentes de la inseguridad.
Entre los ejes centrales mencionó la coordinación operativa, con la creación de puestos de control unificados y operativos conjuntos, evitando duplicidad de tareas y permitiendo respuestas más oportunas ante hechos delictivos que se desplazan entre territorios.
El convenio establece además la interoperabilidad tecnológica de los sistemas de videovigilancia ubicados en los límites jurisdiccionales, facilitando el intercambio de información, la detección temprana de situaciones irregulares y la optimización de recursos con una red integrada de monitoreo.
También crea un sistema de intercambio de inteligencia entre las agencias de seguridad de las tres provincias para identificar patrones delictivos, compartir antecedentes sobre organizaciones criminales y coordinar investigaciones y operativos conjuntos.
Otro punto importante es el análisis común de amenazas, para trabajar en equipo y responder rápidamente contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y la delincuencia transfronteriza. A esto se suma el compromiso de realizar investigaciones articuladas y garantizar el acceso a información actualizada para mejorar el trabajo. El convenio también articula el trabajo con los organismos judiciales y fiscales de cada provincia para facilitar la tramitación de medidas cuando se requiere la intervención judicial.
