LEGISLATURA PROVINCIAL
Es ley el proyecto que regula el decomiso anticipado y definitivo de armas de fuego
La norma ordena el destino de las armas secuestradas o decomisadas, evita que queden abandonadas en depósitos y garantiza controles más estrictos para mejorar la seguridad en toda la provincia.
Este miércoles, la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad el proyecto de ley que regula el decomiso anticipado y definitivo de armas de fuego, una iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Legislatura que busca modernizar las políticas de seguridad pública, evitar la acumulación de armas en depósitos judiciales y fortalecer los mecanismos de control estatal.
La norma aprobada establece un marco para la destrucción o reutilización con fines de interés público de las armas de fuego secuestradas o decomisadas por orden judicial o administrativa, en conformidad con la Ley Nacional N°25.938. El ministerio de Seguridad será la Autoridad de Aplicación y tendrá a su cargo la trazabilidad, el control, la implementación y la coordinación con los organismos nacionales correspondientes.
Entre sus puntos centrales, la ley, fija que los jueces deberán comunicar en un máximo de 48 horas las resoluciones vinculadas al destino de las armas, incorpora la posibilidad de que el ministerio de Seguridad disponga directamente su destrucción o reutilización con fines institucionales y crea un sistema de registro y trazabilidad que permitirá conocer con precisión el recorrido y destino de cada material decomisado.
También prevé la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N°25.938, la celebración de convenios con el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la conformación de un inventario oficial.
La diputada Gabriela Mancilla, miembro informante, detalló el trabajo en comisión que realizaron los legisladores y los aspectos centrales del proyecto. Explicó que durante años “se han acumulado cientos de armas de fuego incautadas que permanecen inutilizadas, pese a encontrarse en perfecto estado”. Su reutilización por parte de la Policía provincial “fortalecería su capacidad operativa, optimizaría los recursos públicos, evitaría gastos innecesarios en la adquisición de nuevo armamento y contribuiría a la sostenibilidad ambiental”.
Mancilla indicó que la ley “representa una estrategia integral: combina seguridad, eficiencia económica y responsabilidad ambiental”. Además de fortalecer la capacidad operativa de la Policía “se protege a la sociedad, se genera confianza en las instituciones y se promueve el desarrollo social y económico de nuestra provincia”.
Durante el debate, la diputada Ivana Ricca se centró en el impacto real que la disponibilidad de armas tiene en la vida cotidiana y en la responsabilidad del Estado: “No hablamos solamente de hechos policiales o estadísticas frías. Hablamos de vidas truncadas, de familias destruidas, de comunidades que viven con miedo. Y también hablamos del deber del Estado de actuar con firmeza, claridad, normativa y prevención”.
Ricca subrayó que “las armas de fuego no son un problema aislado”. Se conectan “con la violencia interpersonal, con el crimen organizado, con los femicidios, con los accidentes domésticos, con los conflictos juveniles”, remarcó, y que frente a esa realidad “ninguna provincia puede permanecer inmóvil”.
“La regulación responsable no criminaliza a nadie, protege, ordena, previene. Lo que sí criminaliza directamente es la falta de control y esa falta de control termina siempre afectando a los sectores más vulnerables, a las madres que pierden sus hijos por accidentes domésticos, a las mujeres víctimas de violencia de género que encuentran en un arma en la casa la amenaza letal, a jóvenes que crecen en barrios donde la disponibilidad de armas múltiples son un riesgo. Como legisladores, nuestra prioridad es clara: cuidar la vida y reducir la violencia. No existe agenda más importante que esa. En cada decisión que tomamos sobre seguridad y armas de fuego, siempre hay algo más que un expediente. Está en juego la vida de nuestros ciudadanos”, cerró Ricca.
