CELERIDAD JUDICIAL
San Luis firmó un convenio para la creación del cuerpo de peritos
El ministerio de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo buscan optimizar la protección de los trabajadores y agilizar los procesos judiciales.
La provincia de San Luis dio un paso significativo en la mejora de su sistema de prevención de riesgos laborales mediante la firma de un convenio marco de cooperación institucional que involucra al ministerio de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de la Nación.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años con renovación automática, establece las bases para la coordinación de acciones entre estas tres instituciones con el objetivo fundamental de proteger los derechos de los trabajadores y hacer más eficiente el funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo. Por el Ministerio de Gobierno firmó el ministro Gonzalo Amondarain, mientras que por el STJ lo hizo su presidente, Jorge Levingston. La SRT estuvo representada por el gerente general, Fernando Pérez.
El convenio se enmarca en la adhesión de San Luis a la Ley Nacional 27.348 mediante la sanción de la Ley Provincial V-1159-2024. Esta normativa reconoce a las Comisiones Médicas como instancia administrativa previa obligatoria en los casos de riesgos del trabajo, antes de cualquier intervención judicial.
El convenio marco permitirá concretar diversas acciones de colaboración que se instrumentarán mediante convenios específicos. Entre estas acciones se incluyen el intercambio de información y tecnologías aplicadas, la realización de trabajos de investigación conjuntos, operativos coordinados, jornadas de capacitación e intercambio de conocimientos, y la creación de equipos de trabajo multidisciplinarios.
Según el texto del acuerdo, el STJ busca “brindar un servicio de justicia más ágil, evitando diligencias que dilatan la tramitación de las causas” y proporcionando herramientas que permitan que los procesos culminen en plazos razonables.
Esta iniciativa representa un avance en la articulación institucional para mejorar la atención de los trabajadores que sufren accidentes laborales o enfermedades profesionales, al tiempo que busca descomprimir la carga judicial mediante una mejor coordinación entre las instancias administrativas y judiciales del sistema de riesgos del trabajo.
