REFORMA JUDICIAL
El Gobierno explicó los proyectos de ley que buscan agilizar y transparentar la Justicia
La secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, junto al asesor legal del ministerio de Gobierno, Valentín Laborda, profundizaron en los tres proyectos de ley remitidos por el gobernador Claudio Poggi a la Legislatura provincial que buscan modernizar y agilizar el sistema judicial.
En una conferencia de prensa, la secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, y el asesor legal del ministerio de Gobierno, Valentín Laborda, presentaron los lineamientos de los tres proyectos de ley que el gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura el martes. Las iniciativas buscan agilizar los procesos judiciales, modernizar las herramientas de gestión y fortalecer la transparencia en distintos fueros.
Proyecto de modificación del régimen de notificaciones judiciales
Carranza explicó que esta iniciativa “forma parte de un proceso de modernización del Poder Judicial” y surge como propuesta del Superior Tribunal de Justicia, trabajada en conjunto con el Colegio Forense y los Colegios de Abogados. El eje central es la notificación electrónica automatizada.
“Implica que cuando el juez firma un proveído, una resolución o una sentencia, al subirla al sistema se notificará de forma automática e inmediata a los correos electrónicos de los abogados”, detalló Carranza.
Según la funcionaria, el objetivo es “ganar rapidez e inmediatez” y reducir la carga manual de los agentes judiciales: “Hoy el secretario debe confeccionar la cédula, copiar el proveído, firmarlo y enviarlo. Esa parte manual se va a suprimir”.
El proyecto mantiene las notificaciones al domicilio real, pero incorpora un mecanismo de geolocalización e imagen que dará mayor precisión y respaldo frente a eventuales conflictos: “Cuando el oficial notificador vaya al domicilio, el sistema incorporará la geolocalización y una imagen del inmueble, para constatar que la diligencia fue efectivamente realizada. Buscamos garantizar el derecho de defensa y evitar errores de domicilio”, agregó.
La reforma modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Ambiental, el Código Procesal Laboral, el Código Procesal de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia, y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, con el fin de unificar criterios y evitar normas dispersas.
“El Gobernador busca descomprimir la litigiosidad y hacer más eficiente el sistema con los recursos disponibles”.
El asesor del ministerio de Gobierno, Valentín Laborda, se refirió al Proyecto de reforma del procedimiento penal y eliminación del Tribunal de Impugnaciones. El proyecto propone suprimir dicho Tribunal y reasignar sus magistrados a los Colegios de Jueces de cada circunscripción, incrementando la capacidad operativa para resolver causas.
“El Gobernador busca descomprimir la litigiosidad y hacer más eficiente el sistema con los recursos disponibles. Se reasignan los recursos humanos para fortalecer los colegios de jueces, lo que permitirá acelerar los juicios orales”, destacó.
La iniciativa incorpora además un nuevo recurso: la revisión horizontal, que permitirá una instancia adicional de control cuando una sentencia implique privación de libertad.
“Lo que se busca es que todos los ciudadanos gocen de una instancia más para revisar las sentencias, será un tribunal de tres miembros, excluyendo a jueces que hayan intervenido previamente o que pertenezcan a la misma circunscripción del hecho, asegurando imparcialidad”, explicó Laborda.
Ley de Amparo provincial, un proyecto que busca transparentar y agilizar su trámite
El tercer proyecto busca transparentar y agilizar el trámite de las acciones de amparo. Según lo expuesto por Carranza, el cambio más importante es la competencia del juez.
“Antes la ley establecía que debía intervenir el juez más cercano por razones de inmediatez. Pero hoy, como las demandas se presentan electrónicamente, ese juez ‘más cercano’ puede ser cualquiera”, subrayó.
Por ello, se propone que el juez competente sea aquel que resulte designado por sorteo, garantizando imparcialidad.
La segunda modificación central es la ampliación del plazo para el informe circunstanciado, que pasa de tres a cinco días, en línea con la Ley Nacional de Amparo: “No se busca demorar el trámite, porque la medida cautelar se ordena inmediatamente. Solo se amplían dos días para garantizar que la parte demandada pueda ejercer mejor su derecho de defensa”.
Carranza también detalló qué se entiende por amparo inmediatorio, destinado a resguardar derechos como la libertad de reunión, de enseñanza, de culto, de opinión, de tránsito, de huelga o derechos políticos: “Son acciones que requieren una respuesta urgente porque de por medio puede haber peligro inminente para el ejercicio de derechos fundamentales”.
Los tres proyectos se inscriben dentro de una política provincial orientada a agilizar procesos, fortalecer garantías y optimizar recursos, según explicaron los funcionarios.
