PREVENCIÓN
Detallaron alcances del proyecto de ley que refuerza la responsabilidad parental ante el bullying
El ministro de Educación, Guillermo Araujo, y el asesor legal del Ministerio, Francisco Guiñazú, explicaron detalles de la iniciativa que busca prevenir la violencia escolar, fortalecer el rol de las familias y dotar al sistema educativo de herramientas legales más contundentes.
El gobernador Claudio Poggi presentó un proyecto de ley que apunta a enfrentar con mayor firmeza la violencia escolar y el bullying, colocando a las familias en un rol central dentro de las estrategias de prevención.
La propuesta, enviada por el Primer Mandatario a la Legislatura, incorpora nuevas contravenciones al Código Contravencional y establece sanciones específicas para padres, madres o tutores que no cumplan con sus obligaciones en casos de bullying, ciberbullying, ciberacoso o episodios de violencia en el ámbito educativo.
Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro de Educación, Guillermo Araujo, explicó que “el espíritu del proyecto es abordar en conjunto la problemática de la violencia escolar, poniendo a la familia en un lugar preponderante y de suma importancia”. “La familia es la primera escuela. Su rol es indelegable y fundamental para la formación de sus hijos”, agregó.
Araujo subrayó que la iniciativa se enmarca en uno de los ejes de la gestión: la reconstrucción del tejido social, promoviendo entornos educativos seguros, libres de violencia y con una convivencia escolar sana. Además, recordó que esta ley se suma al trabajo que el Ministerio viene realizando hace dos años con protocolos internos, capacitaciones para docentes y directivos, y talleres para familias.
El asesor legal de la cartera educativa, Francisco Guiñazú, explicó que el proyecto se apoya en el cambio conceptual que introdujo el nuevo Código Civil respecto de la patria potestad, porque “ubica a nuestros hijos como sujetos de derechos, con derecho a ser cuidados y formados adecuadamente. Pero esos derechos importan obligaciones para los padres”, señaló.
Guiñazú destacó que la propuesta del Ejecutivo “marca un deber ser hacia el futuro, que involucra a la familia como actor protagónico en la contención social”, y advirtió que la violencia escolar o los actos de bullying “dañan el tejido social”, por lo que el Estado debe contar con instrumentos para abordarlos de manera efectiva.
Sanciones y mecanismos de aplicación
El juez contravencional será la autoridad encargada de investigar, tipificar las faltas y aplicar las sanciones previstas. Las penalidades dependerán del ámbito donde se produzcan los hechos, si es fuera del establecimiento educativo o dentro del ámbito escolar.
El proyecto también abarca situaciones de agresiones físicas o verbales hacia docentes, directivos, preceptores o personal escolar por parte de familiares, un hecho creciente y que la ley busca encuadrar como contravención.
Para que el juez actúe, cualquier directivo, docente o padre que tome conocimiento de un caso podrá realizar la denuncia ante la Policía, el Juzgado Contravencional o la Unidad de Abordaje Fiscal. En paralelo, seguirá plenamente vigente el protocolo ‘Guiarse’ (Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar), que regula las actuaciones administrativas dentro de las escuelas.
En otro tramo de la conferencia, el ministro de Educación insistió en que la finalidad del proyecto no es solo sancionatoria, sino preventiva: “Si me llaman la atención porque mi hijo hizo bullying, me tengo que sentar a escuchar más. Quizás también está siendo víctima de otra situación. Esto busca llamar la atención a las familias y reforzar el mensaje de que todos tenemos que cumplir la parte que nos corresponde”.
Araujo remarcó también que esta nueva herramienta jurídica convivirá con el trabajo pedagógico que ya se implementa en los establecimientos educativos, y que el objetivo es bajar los casos, proteger a alumnos y docentes, y fortalecer el rol de la familia como primera red de contención.
