LEGISLATURA
Sancionaron la ley que habilita la disposición de vehículos abandonados o secuestrados
La medida busca que los automotores abandonados o secuestrados sean reutilizados, subastados o desguazados, lo que permite reducir los riesgos ambientales y fortalecer la seguridad en toda la provincia.
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley que establece el marco normativo para la disposición de vehículos abandonados, perdidos, secuestrados o decomisados en la provincia. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca dar una solución definitiva a una problemática que afecta a distintas localidades, reduciendo riesgos para la seguridad pública y el ambiente.
La norma permitirá que los automotores inmovilizados en depósitos estatales o en la vía pública, ya sea por infracciones, contravenciones o delitos, sean reutilizados por las Fuerzas de Seguridad provinciales o destinados a subasta pública, enviados a descontaminación, desguace y compactación, según su estado de conservación y mediante procesos ambientalmente responsables.
El proyecto, que adhiere a la Ley Nacional Nº26.348, actualiza el sistema provincial de gestión de bienes decomisados y se apoya en experiencias exitosas aplicadas en otras jurisdicciones como Río Negro, Chubut, Santa Fe, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el debate, la diputada y miembro informante, Gabriela Mancilla, destacó que la iniciativa busca dar una solución concreta a una problemática visible en toda la provincia: la acumulación de vehículos abandonados en la vía pública, en comisarías o depósitos municipales, que con el tiempo se convierten en focos de contaminación y potenciales generadores de delitos.
Por su parte, el diputado Ariel Gurruchaga, comentó el impacto ambiental que provocan los vehículos abandonados o deteriorados, cuyos fluidos contaminan el suelo y las napas, además pueden generar incendios o accidentes en los depósitos municipales.
Entre los beneficios de la medida se destacan la recuperación de espacios públicos, eliminación de focos de contaminación del suelo y del agua, prevención de incendios, erradicación de depósitos informales, fomento de la economía circular y el aporte directo a la seguridad.
La iniciativa también incorpora herramientas procesales para la Justicia, modificando el Código Procesal Penal provincial e incorporando normas del régimen de decomiso del Código Penal, lo que permitirá asignar un uso social y preventivo a los vehículos vinculados a causas judiciales. Aquellos bienes que antes formaban parte del circuito delictivo podrán destinarse ahora a reforzar las tareas de prevención y control de las fuerzas de seguridad.
Otro punto importante de la ley es la creación de una Base Única de Datos que reunirá información sobre los vehículos depositados en dependencias públicas, lo que agilizará los procedimientos y fortalecerá la transparencia del control estatal. Además, la autoridad de aplicación, que será el ministerio de Seguridad, podrá requerir informes al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y disponer la incorporación de unidades en condiciones a la flota policial.
