LEGISLATURA PROVINCIAL
Diputados dio media sanción a Ley de Activos Digitales Gubernamentales
El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Activos Digitales Gubernamentales, que ahora regresará al Senado para su sanción definitiva.
La Ley de Activos Digitales Gubernamentales forma parte de las medidas del gobernador Claudio Poggi para generar mecanismos institucionales que aseguren que los procesos de transición sean ordenados, transparentes y responsables. Esto garantizará que los cambios de gestión no perjudiquen a los sanluiseños y la continuidad de las políticas públicas llevadas adelante.
La norma establece un marco legal para regular el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales de los tres poderes: cuentas institucionales oficiales, redes sociales, dominios web, correos electrónicos, credenciales digitales, accesos a servidores y otros bienes digitales del Estado. Con su aprobación, San Luis se convertiría en la segunda provincia del país en contar con una legislación específica en la materia, después de Córdoba.
La iniciativa surgió a partir de la situación en la que se encontró el gobierno actual al asumir el 10 de diciembre de 2023, cuando se constató la pérdida, eliminación y uso indebido de más de la mitad de las cuentas oficiales generadas a lo largo de los años.
A partir de esa experiencia, se impulsó esta normativa que garantiza un manejo responsable, transparente y seguro de los bienes digitales provinciales, fruto del trabajo en conjunto de los legisladores con la secretaría de Comunicación y la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe).
El texto aprobado, que será revisado por el Senado, introduce precisiones vinculadas a la definición de activos, las competencias de las autoridades de aplicación y los procedimientos de transferencia.
El proyecto establece además la creación de un Repositorio Único de Activos Digitales Gubernamentales, que permitirá preservar y organizar los contenidos generados por los organismos públicos durante cada gestión. También señala que en los casos de cambio de gobierno deberá realizarse un traspaso ordenado y documentado de los activos digitales mediante inventarios completos, entrega de accesos y actas refrendadas por escribano.
Finalmente, dispone la adopción de medidas de ciberseguridad para evitar pérdidas o accesos indebidos, garantizar la accesibilidad de la información y prohibir el uso partidario o personal de las cuentas oficiales.
