LEGISLATURA
El proyecto de ley para la disposición de vehículos tiene media sanción del Senado
La norma permitirá reutilizar, subastar o desguazar vehículos abandonados, secuestrados o decomisados, reduciendo riesgos para la seguridad pública y el ambiente.
Este martes, el Senado dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley que crea un marco normativo para la disposición de vehículos abandonados, perdidos, secuestrados o decomisados en la provincia. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo, establece criterios para definir el destino de estas unidades y evitar que sigan generando problemas ambientales, de seguridad y de funcionamiento administrativo.
La propuesta contempla que los vehículos que se encuentran inmovilizados en depósitos estatales o en la vía pública, ya sea por infracciones de tránsito, contravenciones o delitos, puedan ser reutilizados por las Fuerzas de Seguridad provinciales, destinados a subasta pública o enviados a descontaminación, desguace y compactación, según su estado de conservación y mediante procesos ambientalmente responsables.
El senador Diego García señaló que el proyecto se apoya en experiencias ya probadas en otras jurisdicciones, como Río Negro, Chubut, Santa Fe, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los resultados han sido positivos.
El proyecto, además, adhiere a la Ley Nacional Nº 26.348, referida a automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, y actualiza el sistema de gestión provincial para este tipo de bienes.
El legislador destacó también que la iniciativa incorpora herramientas procesales para la Justicia, ya que modifica el Código Procesal Penal provincial e incorpora normas del régimen de decomiso del Código Penal, facilitando que los vehículos vinculados a delitos puedan tener un uso social y preventivo. Según explicó, aquello que antes formó parte del circuito delictivo ahora se podrá convertir en un recurso para fortalecer las tareas preventivas de las Fuerzas de Seguridad y combatir factores que facilitan la criminalidad.
Entre los beneficios del proyecto, el senador remarcó la recuperación de espacios públicos, la eliminación de focos de contaminación del suelo y del agua, la prevención de incendios u otros riesgos ambientales, la erradicación de depósitos informales, el fomento de la economía circular y un aporte directo a la seguridad ciudadana.
Otro punto importante del proyecto es la creación de una Base Única de Datos que reunirá la información sobre los vehículos depositados en dependencias públicas, lo que permitirá agilizar procedimientos y fortalecer la transparencia en el control estatal.
García hizo hincapié en que los vehículos que llevan más de tres años abandonados en predios estatales o municipales dejan de ser solo un problema visual para convertirse en un riesgo sanitario y ambiental, y que la autoridad de aplicación estará facultada para intervenir y darles el destino correspondiente conforme a la normativa.
También se fija la responsabilidad de los jueces para resolver el destino de los vehículos vinculados a causas judiciales cuando exista riesgo ambiental o afectación a la seguridad o salud pública. A su vez, se habilita a la autoridad de aplicación -el ministerio de Seguridad- a requerir informes al Registro Nacional y a disponer la incorporación de unidades en condiciones a la flota policial.
Los municipios quedan invitados a adherir a la nueva normativa para solucionar una problemática que afecta a distintas localidades, y se prevé la posibilidad de celebrar convenios con la Justicia Federal para disponer de vehículos secuestrados en procesos vinculados al narcotráfico.
