ENCUENTRO NACIONAL
San Luis participó del Consejo Federal contra la Trata de Personas
La provincia estuvo presente en el XXII Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que se desarrolló el 16 y 17 de octubre en el ministerio de Justicia de la Nación.
Marcelo Juárez, director de Derechos y Garantías Constitucionales, fue el representante sanluiseño en este importante encuentro federal que reunió a funcionarios de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro, encabezado por el secretario de Justicia y Coordinador Nacional del Consejo Federal, Sebastián Amerio, contó además con la participación de representantes de ministerios nacionales, del Ministerio Público Fiscal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.
El Consejo Federal funciona como un ámbito permanente de acción y coordinación institucional destinado al impulso y seguimiento de normativa referida a la trata de personas. Su objetivo es implementar y colaborar con los organismos y programas existentes para combatir este delito y asistir a las víctimas, tanto a nivel federal como provincial.
Durante las dos jornadas de trabajo, se presentó el Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Asimismo, se expusieron nuevas herramientas para agilizar los pagos de reparaciones económicas dispuestas en el marco de causas judiciales.
Uno de los momentos centrales del encuentro fue la aprobación del Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026. También se dio a conocer el Informe Anual del Consejo Federal, que evalúa el estado de situación y los avances logrados en la lucha contra este flagelo.
Los temas abordados incluyeron estrategias de prevención, asistencia y reparación a las víctimas, así como la persecución efectiva del delito de trata y explotación de personas en todo el país. El objetivo común es garantizar una protección adecuada y un abordaje integral que respete los derechos de quienes han sido víctimas de estos delitos.
