AMBIENTE
Dictarán el segundo taller participativo de Incendios Forestales en San Francisco del Monte de Oro
Está destinado a la localidad anfitriona, la comunidad de Leandro N. Alem y los parajes La Majada, Pozo del Molle, Las Tosquitas, Carpintería, Las Chacras, Rodeo de Cadenas, Estancia Amieva, Piedra Cuesta, El Rincón y La Florida.
Se llevará a cabo este jueves en el Camping Municipal de San Francisco del Monte de Oro el segundo encuentro participativo del Plan de Prevención de Incendios Forestales (PIFF), a partir de las 15:00, que estará abierto a toda la comunidad. El primer encuentro se desarrolló en la localidad de Luján.
Este ciclo integra la propuesta de financiamiento elaborada por la subsecretaría de Ambiente Federal, como autoridad nacional de aplicación en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y como entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima (FVC), en el contexto del Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados de REDD+.
Actualmente, la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC) y la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajan articuladamente para reducir la pérdida de bosques nativos, causada por incendios forestales y promover comunidades y paisajes resilientes al fuego. A través de la educación y participación comunitaria, se proponen gestionar el manejo preventivo de los bosques y el fortalecimiento de las capacidades locales de vigilancia y respuesta temprana.
La UNLC fue designada por la FAO como entidad técnica formuladora del plan, que está enmarcado en la implementación del Componente C del Proyecto Pago por Resultados de REDD+ de la Argentina para el período 2014-2016 (GCP/ARG/029/GCF). Para ello, coordina la operación con un equipo interdisciplinario de 22 profesionales que, a lo largo de 18 meses, llevarán adelante las cinco etapas del plan: diagnóstico territorial, elaboración de mapas de riesgo, diseño de acciones de prevención, gestión ambiental y planificación de inversiones, en articulación con la cartera ambiental.
El área de intervención comprende unas 177.800 hectáreas, de las cuales casi 100.000 corresponden a bosque nativo. En su mayoría, estos territorios distribuidos en el centro-norte de la provincia, son de categoría roja. La preservación de estos ecosistemas serranos resulta clave, ya que garantizan más del 85% del agua de consumo humano y productivo de San Luis. Asimismo, constituyen un bien común vital frente a los incendios recurrentes.
Están previstos para las próximas semanas talleres participativos en diferentes localidades afectadas en el PIFF donde serán invitados a participar: productores pequeños y grandes, académicos, intendentes y organizaciones civiles. Sin dudas, es una de las áreas bisagra porque la ciudadanía debe expresarse en torno a los riesgos y experiencias vinculadas a los incendios forestales en el oeste de las Sierras Centrales.
La importancia de la participación comunitaria
El proyecto Pagos por Resultados (REDD+) tiene como finalidad reducir la tasa de deforestación y conservar los servicios ecosistémicos que proveen los bosques nativos. Para alcanzar este objetivo, es indispensable conocer de manera precisa cómo, cuándo y dónde las comunidades utilizan el bosque. Esto se debe a que estas prácticas determinan en gran medida la pérdida de cobertura forestal asociada a la tala, la extracción de leña, las quemas agrícolas, la expansión ganadera o el avance urbano.
La identificación de estos usos constituye el primer paso para diseñar intervenciones eficaces y socialmente aceptables, orientadas a generar alternativas sostenibles que respondan a las necesidades reales de la población sin comprometer sus medios de vida. Ejemplos de estas alternativas incluyen la adopción de estufas más eficientes, el desarrollo de la apicultura o el manejo sostenible de los recursos forestales.
Además, registrar la temporalidad y localización geográfica de los usos del bosque es fundamental para construir mapas participativos de riesgo de incendios. Esta información permite reconocer períodos críticos (como las quemas para siembra en otoño o la recolección de recursos en verano) y orientar campañas de prevención en momentos y lugares estratégicos, optimizando los recursos de gestión.
La encuesta comunitaria también aporta datos esenciales para los procesos de monitoreo, reporte y verificación (MRV), exigidos en los mecanismos de Pagos por Resultados. Contar con una línea de base socioespacial y con información rastreable sobre las causas de deforestación, posibilita complementar los registros obtenidos por sensores remotos y asegurar la transparencia en la evaluación de resultados.
En suma, este proceso contribuye a la promoción de la gobernanza local y fortalece la participación comunitaria en la toma de decisiones, visibilizando las capacidades existentes en el territorio (como brigadas voluntarias o conocimientos tradicionales) y fomentando acuerdos colectivos para el manejo sostenible del bosque. De esta manera, no solo se favorece la conservación de los ecosistemas, sino también la resiliencia de las comunidades frente a los incendios forestales y otros riesgos asociados.
