MINISTERIO DE GOBIERNO
San Luis y Mendoza afianzan vínculos en materia penitenciaria y de derechos juveniles
El director de Derechos y Garantías Constitucionales, Marcelo Juárez, junto con la Procuradora Penitenciaria, Belén Pereyra Sosa, realizaron una visita institucional a la provincia vecina, donde llevaron adelante una serie de reuniones y recorridos con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y el intercambio de experiencias.
La agenda inició con un encuentro con el equipo de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, presidida por el procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Luis Romero, donde se abordaron estrategias conjuntas para garantizar la protección de los derechos en contextos de encierro.
Posteriormente, se mantuvo una reunión con el ministro de Educación, Cultura, Infancias y dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, a fin de articular acciones vinculadas a las competencias propias de la dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), con especial énfasis en la protección integral y promoción de derechos en adolescentes en conflicto con la ley penal.
Durante la visita, los funcionarios sanluiseños recorrieron el Centro de Internación Juvenil, que depende de la DRPJ a cargo de Daniel Patiño, donde se interiorizaron sobre los programas de abordaje integral destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal, enfocado en la intervención socioeducativa y comunitaria.
La agenda se completó con un recorrido por el Complejo Penitenciario Almafuerte II, donde las autoridades fueron recibidas por su directora, Ivana Cornejo, y dialogaron acerca de las condiciones de alojamiento, los programas de reinserción social y los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario provincial.
Estas instancias de intercambio con las distintas jurisdicciones, promueven políticas y programas para la atención, reintegración social y protección de derechos. La visita representa un paso importante en la construcción de vínculos interprovinciales que permitan el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos tanto en contextos de encierro como en el abordaje de la responsabilidad penal juvenil.
La iniciativa forma parte de la política provincial de establecer canales de comunicación y cooperación con otras jurisdicciones, buscando nutrir las experiencias locales con enfoques y metodologías que hayan demostrado eficacia en el tratamiento de estas problemáticas complejas y sensibles.
