Narcotest: “Estos análisis persiguen el combate del narcotráfico”

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, refirió que el sorteo de los primeros 60 funcionarios de los tres poderes del estado que se someterán al examen se realizó este miércoles con total normalidad. La semana que viene seleccionarán otros 180 del total de 1.640 personas que deben hacerse el estudio. 

Bazla adelantó que la semana que viene continuarán los sorteos y la toma de muestras a funcionarios.

“Hoy se comenzó con la ejecución de la Ley de Coherencia y Ejemplaridad, que obliga a que todos los funcionarios públicos nos sometamos a análisis toxicológicos para determinar si en nuestros cuerpos existen rasgos de consumo de drogas ilegales, como cocaína, ketamina, heroína, éxtasis, marihuana, por poner algunos algunos ejemplos”, dijo este miércoles el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla. “Esto se encuadra en el eje de gobierno que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, que ha definido el Gobernador”, informó.

“Estos análisis persiguen el combate contra el narcotráfico, para que el funcionario no esté de los dos lados del mostrador, es decir, consumiendo una droga que adquiere en un circuito ilegal y, a la vez, tomando decisiones legislativas o judiciales vinculadas al narcotráfico. Sería contradictorio. Es como que el director de defensa del consumidor compre un celular robado”, ejemplificó Bazla.

Esta obligatoriedad se cumple a partir de un sorteo, que se realiza a través de la Caja Social, solo para determinar el orden en que van a concurrir los funcionarios a los laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para la toma de una muestra de orina, que da comienzo al procedimiento del análisis toxicológico.

Bazla dijo que, si bien tenían previsto la selección de 100  personas en un sorteo, por una cuestión de capacidad operativa del laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la UNSL, se dispuso la realización de un sorteo para determinar 60 funcionarios que se van a someter a este análisis el viernes 7.

El lunes 10 está prevista la realización de otro sorteo para determinar 180 funcionarios, del total de 1.640 que integran los tres poderes del Estado, que se van a realizar los análisis el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima. “Es decir, hoy se han sorteado 60 personas de carne y hueso con nombre y apellido, que este jueves 6 van a ser notificadas formalmente para que el viernes 7 en la mañana se presenten en el laboratorio de la FQByF para el inicio del análisis toxicológico”, dijo.

El sorteo, tal como lo ha establece la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, se realiza en la Casa Social. Es decir, a través del sistema de la lotería de San Luis, con la presencia de la autoridad de aplicación, que es presidida por Bazla e Ivana Alvarado Magallanes, por el Poder Judicial, y Said Alume, en representación del Poder Legislativo.

“Los nombres de las personas pueden ser dados a conocer únicamente por cada uno de los sorteados. Es decir, una vez que las personas sean notificadas, queda en el ámbito interno de cada persona dar a conocer o no que ha sido notificada para someterse a este análisis toxicológico. Ya entramos en terreno de la protección de los datos personales, considerados datos sensibles, que establece la Ley de Protección de Datos Personales, que es una norma que tenemos en la Argentina desde hace mucho tiempo y que en todos los casos preserva la identidad de las personas en todo en todo su ciclo”, explicó el Secretario.

Es importante destacar que el Gobierno de San Luis pone a disposición de quien resulte positivo el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones. “Es decir, acá no se desconoce la existencia de una adicción, sino que por el contrario, pone todo a disposición de la persona que eventualmente resulte positivo, para poder determinar la estrategia terapéutica y todos los procedimientos de contención y de asistencia que debe recibir un hábito”, aseguró.

El resultado del examen está previsto que sea notificado a la autoridad de aplicación en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la toma de la muestra. “Una vez que recibamos esas notificaciones, de acuerdo a los resultados, si es positivo o negativo, se adoptan las medidas. Si es negativo todo finaliza allí. Si es positivo la persona que dé positivo tiene el derecho de pedir una contraprueba. Esa contraprueba consiste en otro análisis, que en este caso se va a realizar en la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de la UNSL. Es decir, siempre son organismos públicos, científicos, específicos, ajenos, independientes al Gobierno de la provincia de San Luis. Si la persona decide someterse al segundo examen, siempre los costos que esto demande son a cargo de cada funcionario. El pueblo de la provincia no hace ningún tipo de aporte, porque en todo caso somos nosotros, los funcionarios, quienes debemos garantizar nuestro carácter de idoneidad en una función pública”, consideró Bazla.

Si da positivo, serán diferentes situaciones, según el poder al que corresponde el funcionario. “Si pertenece al Ejecutivo, la ley dispone que el Gobernador está facultado para dictar el decreto de cese de funciones. Si da positivo, en el caso del Poder Judicial, se elevan todas las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento, y éste es el encargado de evaluar la conducta del funcionario judicial. Y si da positivo en el caso del Poder Legislativo, se eleva a la comisión de juicio político que es la que evalúa también la conducta del legislador”, detalló.