TRANSPARENCIA
El 5 de marzo harán el sorteo de los primeros 100 funcionarios que deben hacerse el narcotest
El jueves 6 serán notificados y el viernes 7 les tomarán las muestras, detalló el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla. “Esto tiende a garantizar que ningún funcionario público, de ninguno de los poderes, esté de los dos lados del mostrador. Y se enmarca en el eje de gobierno de lucha contra el narcotráfico y combate de la inseguridad”, explicó.
“Constituida la autoridad de aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el Ejercicio de la Función Pública, más conocida como Ley de Narcotest, nos disponemos a poner en marcha el sistema de análisis toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios públicos de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, sumando a ello el Tribunal de Cuentas Provincial, el Defensor del Pueblo, titular y adjunto”, confirmó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, este jueves, en conferencia de prensa.
“Ya hemos acordado con la Caja Social la realización del primer sorteo, que será el miércoles 5 de marzo, luego de los feriados de Carnaval. El jueves 6 de marzo se realizarán las notificaciones a los 100 funcionarios que resulten sorteados y el viernes 7 será la toma de las primeras muestras a estas autoridades, detalló.
Bazla dijo que esto se llevará a cabo a través de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), el organismo independiente del Gobierno provincial que tiene a su cargo la toma de muestras de orina, en este caso, y la realización de los análisis toxicológicos propiamente dichos, conforme establece la ley sancionada por la legislatura de San Luis, que buscan detectar la eventual existencia en los funcionarios públicos de sustancias ilegales, tales como cocaína, éxtasis, anfetaminas u opiáceos como heroína, morfina y marihuana.
“Esta obligatoriedad comprende a la totalidad de los funcionarios públicos, el Gobernador, todo el equipo del Ejecutivo provincial, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y todos los integrantes del Poder Judicial y del ministerio Público Fiscal, el Vicegobernador como presidente de la Asamblea Legislativa y todos los legisladores provinciales, senadores y diputados provinciales, más las mesas directivas de ambas cámaras”, detalló el Secretario.
Recordó que, en una segunda etapa, y tal como lo establece la norma, se realizarán los estudios al personal de seguridad (policías y agentes penitenciarios de la provincia) y de la salud pública. “Vamos a comenzar con los funcionarios públicos, que van a ser sometidos a un sorteo. Ya hemos elaborado un registro numérico de funcionarios públicos, en donde cada uno está identificado con un número que solamente obra en conocimiento de la autoridad de aplicación. Vamos a comunicar formalmente a la Caja Social y Financiera de la Provincia, que tiene a su cargo la Lotería de San Luis, el número de funcionarios y vamos a pedir que se sorteen, en una primera instancia, 100 personas. Estos números sorteados van a ser notificados a la autoridad de aplicación y será ella quien notifique con 24 horas de antelación a cada funcionario el momento en que debe realizarse la toma de la muestra de origen”, explicó.
El costo del análisis será afrontado por cada uno de los funcionarios públicos. “No va a ser el pueblo de San Luis quien solvente o quien se haga cargo de esta garantía de idoneidad, que forma parte la demostración de no poseer rastros de consumo de drogas ilegales. Distinto es el caso de los empleados de la Policía, el Servicio Penitenciario y Salud, cuyo costo está a cargo del Gobierno de la provincia. En los casos en que diera positivo, esto será abordado por el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA), que ha sido debidamente fortalecido en el curso de 2024. Allí se ofrece una contención para determinar el grado de adicción que eventualmente pueda existir. Y, en función de eso, se determinará la estrategia terapéutica”, refirió.
En caso de que alguien no quiera realizarse el examen, eso está previsto en la ley y en la reglamentación. “No someterse al análisis toxicológico será considerada una falta grave. En el caso del Poder Ejecutivo, implica el decreto de cese en el ejercicio de las funciones. En el caso del Poder Judicial, esto se va a comunicar por parte de la autoridad de aplicación al Jurado de Enjuiciamiento a los efectos que entienda en lo pertinente. Y en el caso del Poder Legislativo, se va a comunicar a quienes tienen a su cargo la eventual realización de un juicio político”, señaló.
“Esto tiende a garantizar que ningún funcionario público, de ninguno de los poderes, esté de los dos lados del mostrador. Si consumo cocaína, la compro, la adquiero en un circuito ilegal. Por lo tanto, no puedo al día siguiente, como funcionario público, firmar un decreto, tomar una decisión que afecte a toda la ciudadanía, no puedo dictar una sentencia o formular una acusación de corte judicial o no puedo legislar porque estoy convalidando una situación absolutamente ilegal como es el narcotráfico. Entonces esto se enmarca en el eje de gobierno de lucha contra el narcotráfico y combate de la inseguridad”, dijo.
En cuanto a las medidas administrativas, “en todos los casos, se ofrece contención y asistencia a través del CPAA”, sumó.
Según el valor estimado por la UNSL en diciembre, que será actualizado este viernes 14, costo de cada examen es de entre $40.000 y $50.000. “Estamos hablando del primer análisis, que determina si poseemos o no rastros de consumo de drogas ilegales manifiesto”, dijo el funcionario, y aclaró que la persona a la que le dé positivo puede pedir una contra prueba, es decir, un segundo análisis que se realizará con la misma muestra que se le extrajo inicialmente, que se dividirá en dos frascos. El contenido de uno se usa para el primer análisis y el segundo queda reservado para la eventual contra prueba.
