Dictaron la prisión preventiva a la pareja acusada: imputaron a una nueva involucrada 

El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, informó que en el Poder Judicial se llevó a cabo una audiencia relacionada con un caso de emisión de certificados truchos en la administración pública, donde se ampliaron los cargos a la pareja investigada previamente y se incluyó a una tercera persona. Las acusaciones incluyen falsificación de documentos, asociación ilícita y fraude a la administración.

El fiscal de Estado brindó precisiones sobre la causa de los certificados apócrifos.

Este martes, en el Poder Judicial, se llevó adelante una nueva audiencia relacionada a la causa de los certificados apócrifos en la administración pública. “A esta pareja que ya venía siendo investigada por la emisión de estos certificados, se le ampliaron los cargos y se le ordenó la detención, en principio, por un plazo de 30 días”, manifestó el Fiscal, y añadió que “se amplió a una tercera persona que también estaría implicada”. Los cargos son falsificación de documentos, asociación ilícita y fraude a la administración.

La causa judicial fue iniciada por una denuncia de un médico que descubre que había certificados a nombre de él que no eran propios. Entonces, el profesional hizo la denuncia en la Justicia y se comenzó a investigar a principios de año. Hubo allanamientos en la casa de esta pareja, se secuestraron más pruebas y se le imputaron cargos a los involucrados. “Pese a eso, la gente seguía haciendo el certificado falso, por eso tomamos intervención y pedimos la prisión preventiva, porque se veía que las medidas que había tomado la Justicia no alcanzaban para que cesara el delito”, mencionó Endeiza, y añadió: “Hoy mismo ya los trasladaron al Servicio Penitenciario y por 30 días van a cumplir de manera efectiva. Eso después se puede o no prorrogar; eso lo va a decidir la Justicia si corresponde o no, hasta el juicio”.

“En la vía judicial, después de esta formulación de cargos, se siguen juntando pruebas y viene una acusación con posterioridad. También nosotros vamos a incorporar, cuando la parte administrativa nos lo envíe a la fiscalía, todas las demás personas involucradas, porque no solamente hay quien fabrica los certificados, sino también quien los usa. Esas personas, que se han declarado cesantes o que se le han iniciado sumarios administrativos, también tienen una responsabilidad penal, porque el uso de este certificado falso, sabiendo que lo es, es un delito”, comentó el Fiscal.

Las autoridades de Recursos Humanos del Gobierno de San Luis continúan con la revisión de documentos y en base a cada indicio, se investiga y, si se comprueba, se cesa la contratación o se inicia el sumario, en el caso de los agentes de planta permanente. “No puede ser lo mismo el que trabaja, que el que no; el que cumple y el que no, y por más lamentable que sea esto, el que hace una cosa mal tiene que tener responsabilidad y hacerse cargo de lo que ha hecho”, concluyó.