DENUNCIA JUDICIAL
“Hasta ahora detectamos 83 empleados públicos con certificados médicos apócrifos”
El director de Recursos Humanos, Alberto Sibert, junto al Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, brindaron detalles sobre la investigación en curso que ya tiene a dos identificados por la comercialización de estas licencias truchas. Uno de ellos es empleado de planta permanente y en las próximas horas será desafectado. El número es preliminar, por eso continuarán con la búsqueda en todas las áreas gubernamentales.
Este viernes, el director de Recursos Humanos, Alberto Sibert, junto al Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, brindaron detalles sobre la investigación que lleva adelante el Gobierno ante la presentación de una denuncia por la comercialización de certificados médicos falsificados que justificaron ausentismo en gran escala. Los funcionarios detallaron que, hasta el momento, encontraron 83 empleados públicos con papeles apócrifos que comenzaron a fecharse en noviembre de 2022 en las áreas de Seguridad (10), Salud y Carrera Sanitaria (12), Educación (9) y en el escalafón general (52).
Para quienes compraron y presentaron estos certificados, los funcionarios anunciaron que sufrirán el descuento de haberes de acuerdo a los días de licencia que obtuvieron de manera ilegal. “Vamos a determinar las medidas que correspondan en cada caso para demostrar que esto es algo grave”, dijo Sibert.
Dentro de la causa, ya identificaron a los responsables de la venta de los certificados ilegales. Es una pareja, uno de ellos es empleado de planta permanente dentro del Gobierno contra quien iniciarán un procedimiento judicial y administrativo.
“Recién estamos revisando cajas y cajas de certificados para ver adónde llegamos con todo esto. De los que encontramos, coinciden los nombres, los sellos, la letra, el membrete y hasta la firma. En algunos casos les han cambiado la matrícula, en otros no. La mayoría se presentaron por 2 ó 3 días, pero una cantidad excesiva de veces”, explicó Sibert.
También el funcionario remarcó que el encargado de comercializar estos certificados utilizaba el sello de tres médicos. “Recursos Humanos se contactó con los médicos y uno de ellos, que vive en Merlo, desconocía la situación, incluso hace más de 10 años que no atiende en San Luis”, aseguró.
Con respecto a las medidas judiciales, Endeiza mencionó que formularán una audiencia dentro de dos semanas, para solicitar las medidas correspondientes para la persona que está implicada y su imputación por fraude en perjuicio a la administración y la falsificación de instrumentos públicos.
“El Estado es víctima porque paga los sueldos indebidamente. Por eso pediremos la prisión. Esta gente había sido allanada en junio de este año y sin embargo siguen haciendo lo mismo porque pese a haber sido acusados, y estaba todo en la Justicia, no pararon con su accionar ilegal. Es realmente indignante, lo sentimos como una burla a la Justicia y a todos los sanluiseños. Por eso creemos que merecen algo más grave”, señaló Endeiza.
Según pudieron averiguar, los implicados vendían los certificados de acuerdo a los días y cobraban hasta $8.000, con ‘delivery’ incluido.
