Diputados rechazó la Cuenta de Inversión del año 2023 por su déficit

La Cámara de Diputados de la Provincia rechazó este miércoles por mayoría la Cuenta de Inversión del año 2023 señalando graves incumplimientos del principio de equilibrio fiscal y una administración ineficaz de los fondos públicos.

La diputada por Pueyrredón, Eugenia Gallardo, expuso que la decisión se tomó debido al déficit fiscal de $93.126 millones y a la falta de fondos disponibles al cierre del ejercicio, ratificados por el Acuerdo 457-TC-2024 del Honorable Tribunal de Cuentas suscrito de manera unánime.

De acuerdo al inciso 5 del artículo 144 de la Constitución Provincial, corresponde a la Legislatura aprobar, observar o rechazar anualmente antes del 31 de julio las cuentas de inversión que abarquen la gestión del gobierno provincial correspondiente al ejercicio anterior. Ahora el debate continuará en el Senado para su consideración final.

“Hoy estamos rechazando una gestión que hizo del déficit un mecanismo de supervivencia, de corrupción, de descontrol y de avaricia por el poder. Hoy confirmamos que la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá fue deficitaria y que ese déficit no le mejoró en nada la vida a la gente. La Provincia quedó fundida”, señaló.

La Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía emitió el despacho por mayoría (que fue aprobado esta tarde con 26 votos a favor) rechazando las rendiciones por “la ineficacia e ineficiencia en la administración de los fondos públicos”. “Fundamentamos esta afirmación no sólo por el extraordinario déficit del ejercicio 2023 -que si lo queremos dimensionar equivale a la construcción de 4.000 viviendas-, sino porque hace cinco años que las cuentas de la provincia registran déficit. Se trata de un déficit crónico”, señaló Gallardo.

“Sobre todo, decimos que la administración de los fondos públicos fue ineficiente e ineficaz porque a pesar del exceso de gastos y de déficits sistemáticos, los datos estadísticos dan cuenta que la pobreza en la provincia creció, sobre todo la pobreza infantil. Aumentó la deserción escolar, bajaron los niveles de aprendizaje escolar según las pruebas Aprender. La inseguridad también creció. Todo esto acompañado con indicadores de falta de transparencia en la gestión pública y bajísima calidad institucional”, remarcó.

“Todos los esfuerzos del exgobernador se dirigieron en el primer semestre a ganar las elecciones con gastos superfluos, cuantiosas líneas de créditos, sin ningún tipo de seguimiento: mecanismo que le había servido en elecciones anteriores. Y en el segundo semestre, una vez perdidas las elecciones, se dedicó a generar gastos estructurales que impactaran en la gestión de su sucesor”, indicó la diputada.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, bajó del estrado de la presidencia y señaló que al igual que muchos diputados que estaban presentes, fue testigo de una reunión convocada por Rodríguez Saá en la que les dijo “que se iba a mandar un paquete de leyes que significaría el desguace de la Provincia, que la iba a detonar y así asfixiar a un gobierno elegido por el pueblo, generar la imposibilidad de disponer de fondos distribuyéndolos en distintos organismos y en menos de dos años tuviese que entregarlo”.

Leyes indicó que el dinero público que malgastó el exgobernador era equivalente “a un presupuesto anual completo de Salud, a dos de Educación y dos de Seguridad”. “¿Cuántas viviendas se podrían haber hecho, o móviles policiales se podrían haber adquirido? ¿Cuántas escuelas se podrían haber mejorado y copas de leche con esos $93 mil millones de déficit? La defensa técnica de las cuentas es muy importante pero es tan o más significativa la defensa política de los gastos, porque en definitiva es llevar a la práctica en cuánto mejoró o perjudicó a la gente el modo de invertir los fondos públicos”, expresó.

Además, señaló que a comienzos de 2023 el gobierno de Rodríguez Saá contaba con más de $100 mil millones, y al finalizar la gestión, “luego de malgastar las reservas, fondo anticrisis y venta de títulos públicos, quedaron sólo $5 mil millones de libre disponibilidad”.

“Casi como si el futuro y el destino de los puntanos no se hubiesen tenido en cuenta. Con mucha tristeza debo decir que se cambió por una decisión política con el único objetivo de condicionar y perjudicar a un gobierno que había sido elegido por el pueblo, por las manifestaciones en las urnas y voluntad popular”, lamentó Leyes.