“Luego de perder las elecciones, Rodríguez Saá comenzó a aumentar tremendamente el gasto público”

Lo hizo “sin tener los recursos que acompañen ese nivel de gastos, dejando a la Provincia con gastos estructurales de los que tenía que hacerse cargo quien asumiera después” explicó la diputada Eugenia Gallardo, presidenta de la comisión de Finanzas Públicas que hoy, en un dictamen emitido por mayoría, rechazó la cuenta de inversión 2023.

La cuenta de inversión habla de cuál es el estado del patrimonio público. Este lunes, la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la Cámara de Diputados rechazó, en un dictamen emitido por la mayoría, la cuenta de inversión 2023, es decir, aquella que expone el último año de gestión de Alberto Rodríguez Saá. Consideraron la gestión gubernamental como deficitaria “debido al incumplimiento del principio de equilibrio fiscal, ineficiencia e ineficacia en la administración de los fondos públicos y también del compromiso de gasto sin los debidos créditos presupuestarios, que a su vez importaron afectación de ejercicios futuros”, resumió la presidenta de la comisión, la diputada Eugenia Gallardo.

El dictamen de comisión debe ser debatido en el recinto por la totalidad de los diputados. Estiman que eso ocurrirá el miércoles 17.

El viernes 5 se recibió por mesa de entrada de la Cámara de Diputados el acta acuerdo librada por el Honorable Tribunal de Cuentas, que hace referencia a la auditoría realizada por este organismo de la cuenta de inversión del ejercicio 2023 del Gobierno provincial. “La cuenta de inversión es una herramienta fundamental para realizar el análisis y la evaluación de una gestión de gobierno durante un año, y se expone en ella la situación del patrimonio público provincial”, resumió Gallardo.

El artículo 144 inciso 5 de la Constitución Provincial exige a la Cámara de Diputados definir su postura respecto de la gestión llevada a cabo por el gobierno en el año anterior: tiene que aprobar, observar o rechazar. “Esta cuenta de inversión fue girada hacia la Comisión de Finanzas Públicas y hoy (lunes 8) tuvimos reunión de comisión. Normalmente son los martes, pero adelantamos la fecha para poder expedirnos porque también la Constitución hace referencia a que debe ser tratada antes del 31 de julio”, dijo.

Para poder darle tratamiento con quienes confeccionaron esta cuenta de inversión, convocaron al contador general de la provincia, Omar Pecorari, quien fue acompañado por el contador Hernán Pecorari y la directora de Recursos Económicos, Eugenia Sosa Herrera. “Todo el equipo del Ejecutivo nos dio la información suficiente, y sumado a que ya contábamos con el informe del Honorable Tribunal de Cuentas, decidimos hacer un dictamen de comisión. Se emitieron dos dictámenes, uno por mayoría y otro por minoría. El dictamen de mayoría fue firmado por cinco diputados y estimó conveniente rechazar la gestión gubernamental deficitaria que se exteriorizó en la cuenta de inversión 2023”, resumió.

“Básicamente, la cuenta de inversión lo que transparenta es un déficit operativo tremendo. Dentro de la gestión legislativa ya veníamos denunciando que la Provincia venía cometiendo déficit en su gestión desde 2019. Los déficits eran, en líneas generales y en montos, considerando la inflación existente en cada periodo, de 5 mil, 4 mil, 9 mil, 7 mil millones de pesos. Pero el déficit de 2023 fue de 93.126 millones de pesos. Este déficit habla de un gasto exagerado, muy abultado. Y la mayor parte se realizó a partir de junio de 2023, luego de que el exgobernador Alberto Rodríguez perdiera las elecciones”, informó la diputada.

Una vez que perdió la votación, dijo la legisladora, Rodríguez Saá comenzó “a aumentar tremendamente el gasto público sin tener los recursos que acompañen ese nivel de gastos, dejando a la Provincia con gastos estructurales, gastos duros, de los que luego, quien asumiera, en este caso el gobernador Claudio Poggi, debía hacerse cargo”, aseveró.

Ese aumento sideral de los gastos se concretó a partir “del incremento de los sueldos; el Pacto de La Toma, comprometiendo gastos permanentes, transferencias permanentes hacia los municipios, no solamente el gasto de obra, pues el gasto de obra se empieza y se termina”, dijo Gallardo. Y amplió: “El problema fue el incremento de la planta de personal, que luego se pudo retrotraer porque se hizo en un periodo muy próximo a la finalización del mandato; la Ley de Transferencia de Mando obliga a que esto no sea así, es inconstitucional, y se logró volver atrás”.

A ello se sumó “la realización de obras sin los créditos presupuestarios necesarios, que se hicieron casi antes de terminar la gestión; hubo un montón de incrementos en los gastos ordinarios sin tener los recursos necesarios para poder financiarlos”, dijo. Incluso se dejó a la Provincia sin las reservas que tenía desde que le ganó a la Nación el juicio por detracciones que no correspondían de coparticipación, aseveró. San Luis “tenía en su momento 300 millones de dólares a su favor y el Gobierno fue financiando el déficit de cada uno de estos años con recursos extraordinarios, que son los recursos generados por esta deuda que la Nación tenía por la provincia. Ese importe, esos recursos la Provincia ya no los tiene y se ha quedado con gastos altísimos de mantenimiento de la gestión”, refirió.